La chispa.
En el grupo Nicolasa de Fábrica de Mieres, el malestar laboral subyacente se transformó en abierta irritación al reorganizarse de forma unilateral los turnos de trabajo. A partir del primer día de abril, en efecto, se suprimió el nocturno, quedando acoplados todos los trabajadores a los de mañana y tarde, en los que, además, estaban obligados a rotar mensualmente. Esta reordenación trastocó el sistema de combinaciones establecido por el personal para acceder al centro de trabajo y regresar al domicilio, perjudicando especialmente a los que no residían en las inmediaciones del pozo y carecían de medios de locomoción (1). En respuesta, desde el día 5 de abril unos 25 picadores redujeron deliberadamente su ritmo de trabajo, sobre todo los integrantes de un taller que no desarrollaron ninguna actividad laboral (2). Previamente, ya habían optado motu proprio por "trabajar a jornal" al advertir que se desoía su petición de elevar el precio del destajo en la capa novena, de singular dureza, con el pretexto de que no se admitiría reclamación alguna hasta que se "terminara la cronometración" (3). Ambas circunstancias fueron aprovechadas por la gerencia para comunicarles, el día 6, que quedaban suspendidos de empleo y sueldo mientras se resolvía el expediente administrativo con el que se pretendía proceder a su despido definitivo (4).

Sábado, 7 de abril.
No fue necesario que se materializara la amenaza para que cesara la actividad del centro extractivo al que pertenecían. En este día, tanto en el relevo de la mañana como en el de la tarde, se abstuvo de trabajar la mayoría de los mineros, entre los que se encontraba todo el personal de arranque. Antes de que concluyera la jornada, el delegado provincial de Sindicatos reclamó a los mineros que depusieran su actitud, "en vista de que el Gobierno estudia la pronta solución del problema salarial", y les advirtió de que si perseveraban "les sería rescindido el contrato de trabajo quedando despedidos definitivamente con pérdida de todos sus derechos" (5). Al filo de la medianoche se efectuó la detención del minero Amador Menéndez García por "insolentarse" con el dirigente sindical y "fomentar la intranquilidad entre sus compañeros de trabajo". Fue liberado al día siguiente, una vez que se comprometió a trabajar "con ritmo normal" (6).

Lunes, 9 de abril.
El ultimátum del sindicato oficial no desbloqueó el conflicto que, a partir de ese momento, progresó con la lenta, pero inexorable, terquedad de la "mancha de aceite", metáfora de referencia para la oposición antifranquista. Tras realizar "comentarios relacionados con la sanción" y mostrar "su malestar", fueron devolviendo sus lámparas, antes de la conclusión de la jornada, casi todos los mineros de Polio y Centella, pertenecientes a la misma Sociedad. Estas muestras de solidaridad provocaron la urgente reunión del Jurado de Empresa, promovida por el delegado provincial de Sindicatos, en el que se ratificó la sanción impuesta a los "siete de Nicolasa" y se prorrogó en 24 horas el plazo dado para proceder a la rescisión del contrato de los huelguistas. Ante la merma productiva, Fábrica de Mieres optó por apagar una de las baterías de cok (7).

Martes, 10 de abril.
De forma espontánea y sin consignas precisas, los huelguistas iniciaron un ritual que se repetirá a diario. Acuden al centro extractivo, se cambian en el cuarto de aseo, recogen su lámpara y, con normalidad aparente, se dirigen a su puesto de trabajo para, entre el mayor mutismo, proceder a abandonarlo sin realizar labor alguna "y sin hacer comentarios o corrillos de ninguna clase". Así mantenían el contacto y, al tiempo, presionaban al trabajador renuente, ya fuera con una mirada admonitoria, ya cortándole el paso o calificándole de esquirol. Al generalizarse este repertorio de señales y gestos, con el que se evitaban los comportamientos que pudieran justificar la intervención de la fuerza pública, el conflicto comenzó a denominarse "la huelga del silencio" (8). A este "desfile mudo" se incorporaron, desde esta jornada, los mineros de Baltasara, adscritos a la misma Sociedad, quedando así paralizado todo el grupo. Para acabar con este "ritual", el gobernador civil, el delegado provincial de Sindicatos, el jefe superior de Policía y la dirección de Fábrica de Mieres convinieron en rescindir el contrato de los huelguistas y proveer de una tarjeta identificativa a quienes no secundaran el paro (9).

Miércoles, 11 de abril.
Esta medida propició que se extendiera la "rebeldía laboral" al pozo Barredo y a la mina Corujas, del grupo Mariana. En las oficinas del pozo y en presencia del delegado provincial de Sindicatos, los mineros abordaron al director de Fábrica de Mieres, quien se comprometió a "examinar" el expediente de los "siete de Nicolasa", a "estudiar" cuantas reclamaciones se presentaran por conducto de la organización sindical y a restituir la relación contractual de todos los trabajadores si se restablecía de inmediato la normalidad laboral. Estas concesiones dejaron a los mineros —según la policía- "bien impresionados", por lo que "quedaron en reunirse con compañeros para deponer la actitud en que se encuentran" (10).

Jueves, 12 de abril.
En contradicción con este tono conciliador, la simultánea adopción de medidas represivas reforzó la posición de los huelguistas. Fábrica de Mieres anunció que los contratos laborales quedaban resueltos y, asimismo, transmitió al jefe de los Economatos la relación del personal al que no se le podía suministrar ningún artículo. En respuesta y de forma anónima, entre los trabajadores fabriles se difundieron octavillas animándoles a "solidarizarse con sus compañeros de la mina" (11).

Viernes, 13 de abril.
Ello favoreció que el conflicto desbordara el perímetro de esta empresa cuando se cumplía la primera semana desde su inicio. En este día, en efecto, comenzó el goteo de abandonos en el pozo Peñón de Mina Tres Amigos, emplazado en Vegadotos, y en el pozo San José de Hulleras de Turón. Alegaron, en ambos casos, que el mineral extraído estaba alimentando los hornos de Fábrica de Mieres, cuya paralización deseaban al interpretar que sólo así harían "pupa". De hecho, en su sección metalúrgica, donde aparecieron escritos muy críticos con el convenio, ya se había dispuesto el régimen de fuego lento de otras dos baterías (12).

Sábado, 14 de abril.
A pesar de que el expediente de Nicolasa se resolvió sin despidos (tres fueron sancionados con suspensiones de empleo y sueldo, mientras que los cuatro restantes fueron trasladados al grupo Quirós), el conflicto se extendió a la mina El Casar, de Tres Amigos, y el pozo Santa Bárbara, la principal instalación extractiva de Hulleras de Turón (13). Ante la magnitud del reto, el delegado provincial de Sindicatos permaneció reunido toda la tarde con enlaces y jurados de Fábrica de Mieres, pero estos reconocieron que carecían de predicamento entre los trabajadores. Por ello recomendaron que se contactara con los picadores "más caracterizados" y que se promoviera una asamblea, sin asistencia de "ninguna jerarquía sindical", para que se expresaran libremente. En este encuentro, celebrado al día siguiente en la Delegación Local de Sindicatos de Mieres, los vocales comentaron que la empresa estaba dispuesta a reanudar la actividad "sin represalias", excepto para los expedientados, y que el jefe nacional del Sindicato del Combustible se había lamentado de que con la postura de fuerza "se desbarataban" sus gestiones en pos del mejoramiento del salario". En respuesta, los mineros reclamaron, además de un salario base mínimo de 138 pesetas para el peón de exterior y 141 para el de interior, que se les facilitaran medios de locomoción a todos los centros de trabajo (14).

Lunes, 16 abril.
La tercera semana se abrió con la inmovilización de las principales jaulas del Caudal. La huelga se extendió al grupo Cobertoria de Fábrica de Mieres, a Hulleras de Turón —excepto mina Piñeres, enclavada en el valle del río Aller- y a Minas de Figaredo, cuyos trabajadores comenzaron a abandonar, durante la jornada, los pozos San Vicente y San Inocencio. En mina Llamas de Nueva Montaña Quijano amanecieron con los accesos tapizados de maíz y una octavilla en la que se inquiría si no se sentían "avergonzados por tan humilladora conducta", pero se descartaba que secundaran el paro al existir en esta empresa "un ambiente excelente" y por "estar pendientes de una gratificación extraordinaria voluntaria de 15 días". Existía una elevada receptividad, por el contrario, en el valle de Aller, ya que la Sociedad Hullera Española "era una de las empresas que peor pagaba a sus obreros", y, asimismo, la inquietud era creciente en el Nalón. Aquí, un pequeño grupo de picadores de Modesta había dejado de trabajar al advertir la presencia de granos de maíz arrojados por una chimenea y en María Luisa "se celebraban diálogos para determinar si se solidarizaban con el Caudal", mientras que en Carbones de La Nueva y Fondón "se pulsaba ambiente de bajo rendimiento". En este último pozo, en concreto, se acusó a un vigilante de incitar a la huelga entre "blasfemias al nombre de Dios" (15). Aunque se reconocía el origen laboral de la protesta y su carácter pacífico, se esgrimieron unas octavillas encabezadas con un explícito "somos unos cobardes, ahora o nunca", cuyo contenido coincidía con las consignas dadas por el Partido Comunista a través de "Radio Pirenaica", para acreditar que el conflicto ya estaba siendo aprovechado por "los partidos opuestos al Régimen" (16). Con el ánimo de reconducir la situación, la Sección Económica Provincial del Sindicato del Combustible designó la comisión que, en representación de las empresas y a partir del jueves, abordaría la negociación de un nuevo convenio colectivo con los representantes de los trabajadores (17).

Martes, 17 de abril.
La completa paralización de Minas de Figaredo, tras solidarizarse los trabajadores del pozo Riquela, coincidió con la extensión de la huelga a centros extractivos de menor entidad como Escribana, Ortiz y Sobrinos, Novia y Morena, Dominica, Llori, Macizos Cortina, Quili y Reservada, todos ellos con menos de 250 productores en plantilla. En Fábrica de Mieres se dispararon las alarmas al constarse que estaban abandonando también los llamados trabajadores "de tarjeta", que se dedicaban a la conservación, los cuales fueron secundados por los operarios del ferrocarril minero que surtía de combustible a los hornos, lo que confirmaba que se pretendía la completa paralización de la sección metalúrgica. Dentro de las instalaciones fabriles se había derramado maíz y se habían dispuestos carteles con consignas de este tenor: "somos unos cobardes, ahora o nunca" y "queremos más dinero y menos trabajo, ya que no somos unos burros". Antes de que concluyera la jornada se difundió la noticia de que el segundo relevo del Pozo Santiago de la Sociedad Hullera Española no se había incorporado a su puesto de trabajo. La inexorable progresión del paro sembró el desánimo en el delegado provincial de Sindicatos, quien reconoció su impotencia para contener la creciente "marejada" (18)

Miércoles, 18 de abril.
Abierta la brecha en el valle de Aller, "enmudecieron" en esta jornada los castilletes de la Sociedad Hullera Española y Sociedad Industrial Asturiana. La completa paralización de la actividad minera en el Caudal, toda vez que también dejaron de laborar los trabajadores de Llamas, Piñeres y Sueros, coincide con la incorporación a la huelga de los metalúrgicos. En la factoría siderúrgica de Fábrica de Mieres cesó la actividad en varios talleres (construcciones metálicas, fundición y laminación) y en el tren de chapa. Cuando ya estaban involucrados más de 12.500 trabajadores, los servicios de información subrayaron con perplejidad la sorprendente coordinación que estaban demostrando los mineros en la propagación de la huelga, por lo que no descartaron "la interferencia de directrices políticas". Estas quedaron confirmadas al detectarse la presencia en la cuenca del Nalón de unas octavillas del Frente de Liberación Popular exhortando a "seguir el camino de los camaradas de Mieres". En respuesta se redoblaron las detenciones "preventivas" de militantes comunistas para evitar que contribuyan a la extensión de la huelga (19).

Jueves, 19 de abril.
Llegados a este punto la policía gubernativa realizó un primer balance. Se reconoció que la vida cotidiana en las cuencas se desenvolvía con normalidad y no se omitió que los trabajadores se comportaban con gran civismo, "lo que no resulta muy lógico dada la psicología un tanto violenta del clásico minero asturiano". Aún así, se recomendó mayor presión policial, máxime al quedar patente la inoperancia y el descrédito de la organización sindical, a la que los trabajadores consideraban "vendida a la empresa" (20). Tras una primera etapa en la que las fuerzas de seguridad se limitaron a tareas de "información y vigilancia", el cambio de actitud se materializó con la detención de casi medio centenar de personas: tanto por "influir sobre sus compañeros para llegar al fenómeno de paro" como para evitar que coadyuvaran a su generalización (21). Como prueba de la mayor contundencia adoptada, en esta jornada fueron amenazados con ser detenidos "por sabotaje a la economía" un grupo de operarios que se negaban a cargar y "sangrar" el Horno Alto. Las empresas también alentaron este acoso, pero alternando las advertencias con los señuelos económicos. Tanto Nueva Montaña Quijano como Hulleras de Turón vincularon la distribución de una paga extraordinaria a que se normalizara la situación. Estos ofrecimientos y las medidas de amedrentamiento no surtieron el efecto apetecido. En la cuenca del Nalón se hicieron eco del conflicto los mineros de San Luis, mientras que los de Samuño redujeron la producción en un 20 % (22).

Sábado, 21 de abril.
Tras la jornada festiva del viernes, la segunda semana de huelga concluyó en un ambiente de expectación e incertidumbre. En el Caudal, en algunas explotaciones se apreció una mayor afluencia de operarios, pero siguieron sumándose al conflicto nuevos contingentes de mineros, como los de San Fernando, Grupo Carinsa y Sierro Negro. En la cuenca del Nalón, las jaulas funcionaron con normalidad, pero en Samuño continuaron a ritmo lento y en San Luis, Sotón, San Mamés, María Luisa, Carrio y Barredos se adoptó la actitud de "brazos caídos". En estas y otras instalaciones aparecieron de madrugada octavillas de fabricación artesanal incitando a la huelga por "un mínimo de 140 pesetas exterior y 150 interior". Así mismo, animados por el ejemplo de los mineros, otros colectivos comenzaron a adoptar posturas de fuerza para respaldar sus reclamaciones laborales. Los trabajadores portuarios de Avilés se negaron a realizar horas extraordinarias hasta que no fueran remunerados como los de Gijón, mientras que en La Algodonera se optó por no recuperar los días festivos. Con todo, en opinión de la Guardia Civil el "ambiente" era propicio para la normalización, pero esta predisposición favorable no cuajaba por "el temor a las represalias" de los más combativos, por la "solapada presión de los partidos políticos" y porque no estaban dispuestos a perder sus derechos de antigüedad (23).

Lunes, 23 de abril.
A pesar del vaticinio policial, la huelga creció y se consolidó en la cuenca del Nalón, donde cesó la extracción de mineral en Duro Felguera y Nespral. Según la policía, en el relevo de la mañana del pozo Fondón los picadores se estacionaron en el interior de las galerías provistos de palos y cayados", con los que "intimidaron" a quienes querían trabajar. En Mosquitera se saboteó el acceso del aire comprimido a los martillos, en unos casos cerrando las llaves y en otros rompiendo las tuberías (24). El ritmo productivo también languideció, de forma ostensible, en La Camocha, cuyas instalaciones aparecieron de madrugada sembradas de octavillas ugetistas recomendando que se dejara de trabajar, al menos, hasta el 1 de mayo (25). En esta tesitura, y ante la implicación de 20.000 trabajadores, se acentuaron las medidas represivas. Para evitar que los trabajadores se atrincheraran en el interior y que los familiares pudieran concentrarse en las inmediaciones, "como ocurrió en los conflictos de los años 1957 y 1958 con grave alteración del orden público", se decretó el cierre de los pozos afectados. A la par, se elevó la cifra de detenidos a cincuenta y cuatro (veinte de ellos por sus "antecedentes comunistas", diez por estar en su órbita y los demás por haber contribuido a que la "huelga tomara efectividad") y, para "contener la labor de zapa de elementos con alguna significación política pero sin trascendencia delictiva", se procedió a citar en los cuarteles a "un número considerable de sujetos", los cuales eran amedrentados, forzados a nuevas presentaciones y, en todo caso, sometidos a vigilancia. Por último, se intensificó la presencia policial en ambas cuencas, especialmente en mercados de abastos y economatos, "ante la posibilidad de alguna protesta o manifestación externa", al tiempo que se reforzaron los servicios de escolta para proteger a quienes quisieran trabajar. Entre tanto, a pesar de que había quedado desbordada e incluso marginada por las fuerzas de seguridad, la Organización Sindical se resistió a perder protagonismo. Así, el jefe Nacional del Sindicato comunicó telegráficamente a la comisión negociadora del convenio que los salarios mínimos se cifraran en 32.800 pesetas anuales para el personal de exterior y 36.000 para el interior (26). Martes, 24 de abril. La acentuación de las medidas represivas se justificaba por el viraje que estaba experimentando la huelga. Surgida esta contra la apertura de un expediente disciplinario, se había ido nutriendo de reclamaciones salariales y laborales (modificación del reglamento de silicosis, aumento de pensiones para los jubilados, modificación de la ley de accidentes) hasta desembocar en reclamaciones políticas como la excarcelación de los detenidos y la libertad sindical. En esta tesitura surgió el dilema de optar por "el quietismo" y esperar a que el cansancio y el agotamiento erosionara el ánimo de los huelguistas o utilizar al máximo los medios "coercitivos y de extorsión de las fuerzas del orden público", para lo que se juzgaba indispensable la suspensión de las garantías individuales mediante un decreto de excepción, tal como ya se había hecho el 14 de marzo de 1958. La tenacidad de los trabajadores —en el Nalón la huelga se extendió a Minas de Escobio, La Zorera, Encarnada, Carbones de Langreo y Coto Musel- y la "apatía" patronal resolvieron la disyuntiva en favor de las medidas represivas. Al respecto, la autoridad gubernativa no ocultó su malestar por los comportamientos de las empresas, las cuales "deberían ya haber establecido contactos directos con los trabajadores dándoles soluciones asequibles". En esta dirección el director de Fábrica de Mieres promovió un encuentro entre representantes elegidos de todos los talleres y los jurados para "examinar la situación planteada y arbitrar fórmulas para recuperar la normalidad", pero, a la par, la SHE se limitó a reiterar que concedía un último plazo de 24 horas antes de cancelar definitivamente todos los contratos y clausurar las instalaciones (27).

Miércoles, 25 de abril.
Con altibajos, los trabajadores mantuvieron su actitud, a pesar de la presión policial. En esta jornada la paralización de los talleres metalúrgicos de Santa Ana coincidió con la detención de cinco mineros por haber llamado "gallinas y esquiroles, al tiempo que los silbaban" a un grupo de operarios que se dirigían a sus centros de trabajo. Al margen de la organización provincial, el presidente nacional del Combustible recabó la ayuda de un particular, Lorenzo Velasco, para que le pusiera en contacto con una comisión de picadores. Esta, formada por Jesús López Fernández, Manuel Cacharro Nievares, Manuel Quevedo Sánchez, Joaquín López del Moral, Julio Riaño Pérez y Olegario Suárez Buelga, fue recibida por el ministro secretario general del Movimiento, José Solís, con el que ultimaron un escrito para desactivar el conflicto. Al día siguiente, de madrugada, recorrieron las distintas instalaciones mineras exhibiendo "la fotocopia de los acuerdos alcanzados" (28). En paralelo, prosiguieron los contactos en un ambiente de creciente hostilidad. Tras el encuentro sostenido con su director, los metalúrgicos de Fábrica de Mieres reclamaron un salario mínimo de 140 pesetas, que se mantuviera la prima "gama", que fueran compensados quienes no la percibían, que se rebajaran los artículos del Economato y que se les concediera vale de carbón (29)

Jueves, 26 de abril.
Tras quedar paralizada la actividad minera en el Caudal y en buena parte del Nalón —en esta jornada se sumó al paro Cementos Fradera-, la huelga se extendió a La Camocha, que ya había experimentado un acusado descenso productivo el día anterior. Las autoridades no ocultaron su asombro por la escalonada progresión del conflicto, pero se mostraron especialmente perplejas ante la capacidad organizativa de los trabajadores. La Policía denunció la existencia de "reuniones y contactos" en la periferia de los núcleos urbanos, concretando que en las inmediaciones de "la mina vieja de Modesta" se daban cita grupos cercanos al centenar de mineros. Aquí se decidían los lugares de distribución de octavillas y granos de maíz, los dos instrumentos preferentemente utilizados para promover la solidaridad. Por otro lado, los enlaces de Fábrica de Mieres reclamaron al delegado provincial de Sindicatos que intercediera ante el gobernador -que se había negado a recibirles- para que se levantara la clausura de los pozos. El encuentro fue aprovechado por los jurados para interesarse por la suerte de los 70 mineros que habían ingresado en prisión. Al respecto se precisó que todos recobrarían la libertad una vez que cesara la huelga, excepto los "complicados en actividades clandestinas" (30)

Viernes, 27 de abril.
La tercera semana de huelga finalizó con la incorporación al paro de Lláscaras y Pumarabule, donde apareció un letrero en el que se vitoreaba a "Rusia" y se lanzaban dicterios contra la Guardia Civil (31). Durante la jornada se difundió con profusión una nota, firmada por el delegado provincial de Sindicatos, en la que se recogían los acuerdos alcanzados por "los comisionados". En ella, tras reiterarse que el estallido de la huelga había dejado en suspenso "una reforma salarial" ya aprobada por el Gobierno el 5 de abril, se garantizaban unos emolumentos de 36.000 pesetas para el peón de interior y 32.000 para el de exterior, así como el respeto de los contratos, siempre que "la normalidad" fuera restablecida antes del 30 de abril. También se insinuaba que se "estudiaría" la posibilidad de reducir la jornada semanal a 40 horas, si bien supeditado al mantenimiento de los porcentajes medios de "producción que venían obteniéndose con las jornada de 42 horas semanales". Aunque la recepción de esta oferta se calificó de "inmejorable" y se aventuró que "el día 28 se reiniciará el trabajo en las explotaciones mineras", los trabajadores mantuvieron su acoso a quienes no secundaran la huelga. De madrugada, por ejemplo, fue "abucheado y amenazado" en las proximidades de La Peña el personal administrativo que se dirigía a Fábrica de Mieres (32). Aunque sin ligazón directa con el conflicto laboral, la tensión se trasladó a la Facultad de Derecho, donde los estudiantes comenzaron a abandonar las aulas para exigir que los títulos expedidos por el Estudio General de Navarra, la llamada "Universidad de la Iglesia", no tuvieran reconocimiento oficial. Especialmente, se boicotearon las clases de Julián Aparicio, catedrático de mercantil vinculado al Opus Dei (33).

Sábado, 28 de abril.
Una vez más, la firmeza minera contradice las halagüeñas previsiones policiales. De madrugada se dispusieron anuncios comunicando la reapertura de los centros extractivos clausurados y los medios de comunicación recogieron una exhortación de la organización sindical a "reintegrarse al trabajo", pero los trabajadores, tras realizar improvisadas y multitudinarias asambleas para analizar "el escrito de los comisionados", decidieron no deponer su actitud hasta que fueran liberados los detenidos. Además, la mayoría dejó constancia de su malestar por no contener la "nota sindical" publicada en la prensa las mejoras ya comprometidas por el ministro secretario general del Movimiento. Para quebrar el ánimo de los trabajadores, afectado por las contradictorias noticias que recibían, algunas empresas, como Felgueroso Hermanos, les prometieron "gratificaciones extraordinarias" si se reincorporaban al trabajo a partir del lunes siguiente. Entre tanto, se sumaron al paro en esta jornada los mineros de la empresa José Arbesú y Jove, concesionaria de varias explotaciones en Tudela Veguín (34).

Lunes, 30 de abril.
La huelga prosiguió su curso ajena a las concesiones arrancadas por una comisión que carecía de legitimidad. El ejemplo de los trabajadores de Mieres, Langreo y Gijón cundió en Quirós, donde quedó paralizado el "grupo Cruces" de Fábrica de Mieres, en Antracitas de Pajares y en mina Villabona, donde se advirtió a los trabajadores que perderían la gratificación del l de mayo. Cerca de este centro extractivo se habían distribuido de madrugada improvisadas octavillas invitando a "seguir a Langreo". En Gijón, un centenar de mineros se concentraron primero ante las oficinas de la empresa y después frente a la sede de la OSE para reclamar el abono de los salarios devengados, pero fueron disueltos por la Guardia Civil. De la inesperada dimensión del conflicto se hizo eco la prensa internacional, en la que se destacó la resolución de los mineros y "la desmesura represiva" del Régimen. El rotativo Le Peuple, por ejemplo, comentó críticamente este extremo y elevó a 70.000 el número de parados, cuantificación que coincidía con la realizada por una publicación ácrata (35).

Martes, 1 de mayo.
Esta emblemática jornada festiva únicamente se vio alterada por un pequeño altercado en La Camocha, donde un empleado fue "objeto de malos tratos al ser sorprendido cuando trabajaba", y por la difusión de un manifiesto del "Felipe" en la cuenca del Nalón. En la octavilla se celebraba el éxito "de la primera fase de la huelga" y la expectación que estaba despertando "en el mundo entero", a pesar de la información tendenciosa que proporcionaban las "emisoras occidentales". Por ello, tras desacreditar a la Organización Sindical, se exhortaba a perseverar hasta que las reclamaciones obreras fueran "inscritas en la legislación vigente" y se recomendaba el boicot de la prensa "para mostrar nuestra protesta y solidaridad por la libertad de nuestros compañeros detenidos". Entre ellos ya se encontraba un militante socialista, José García Carrio, quien fue sorprendido cuando intentaba distribuir panfletos en el interior de mina Solvay (36).

Miércoles, 2 de mayo.
La decidida intervención de grupos de mujeres reforzó la "visibilidad" de un conflicto que derivaba hacia la huelga general en la cuenca minera. En El Entrego se abstuvieron de trabajar los operarios de Grov (construcciones metálicas), Guarín (construcción) y Rubiera (mosaicos), alegando en ambos casos "el temor a ser agredidos". También se sumaron al paro, además de los mineros de Solvay, Candín, María del Pilar y Aramil, los operarios de Regueral, una mina de hierro emplazada en Candás. Ante el previsible efecto desestabilizador que pudiera acarrear la "contumaz rebeldía laboral", la autoridad gubernativa reclamó a las fuerzas del orden que se emplearan con "mayor energía". De inmediato, se detuvo a diecisiete personas "por su actividad orgánica comunista", al tiempo que eran interrogadas otras diez "para concretar datos en relación con actividades subversivas". Así mismo, ingresaron en prisión cuatro socialistas, mientras que otro, Avelino Pérez, logró escapar arrojándose al Nalón. La mayor presión policial también afectó a la HOAC y JOC, que fueron sometidas a vigilancia para "determinar su relación con el conflicto planteado". A pesar de su orillamiento, la Organización Sindical no desistió y recurrió a un nuevo intermediario, José Ramón López Fernández, para influir en el ánimo de los trabajadores. Este, popularmente conocido como "Moncho el de Pravia", tras arengar a grupos de obreros en las inmediaciones de los pozos San José, Barredo y Rabaldana, se comprometió a "salir de inmediato para Madrid y arreglarlo todo" (37).

Jueves, 3 de mayo.
Con la adhesión de los mineros del pozo Monsacro, se completó en esta jornada la paralización de las grandes instalaciones hulleras del centro de Asturias. El ejemplo cundió también entre los trabajadores de San José, Vicentina y Artemisa, todos ellos de Hulleras de Veguín y Olloniego, así como en los del grupo CIMSA, constructora filial de Fábrica de Mieres. Los directores de las empresas afectadas consiguieron que se declarara un expediente de crisis, lo que suponía la clausura de todos los centros de trabajo y el subsiguiente despido del personal (38). En Peñules, Figaredo, el estudiante Luis Vicente Moro Díaz auxilió a los mineros más necesitados con pequeñas cantidades de dinero recolectadas, en nombre de Cáritas, por Ignacio Quintana Pedrós. Como el joven era hijo de un falangista "asesinado por la banda del Quintana", profesor de Formación Política del Colegio Auseva y director de la Escuela de mandos del Frente de Juventudes, fue reconvenido por el gobernador civil para que no se dejase "utilizar por los curas y los democristianos" (39).

Viernes, 4 de mayo.
La paralización de los talleres de construcción de la fábrica metalúrgica Duro Felguera y Carbones Quirós llenó de júbilo a los huelguistas, que recibieron con idéntico alborozo la solidaridad mostrada por los mineros de Astur-Belga, dedicada a la extracción de mercurio, y los de Antracitas de Viñón, sita en Cabranes. Ante la escasez de carbón, la actividad se redujo en la Fábrica de Gas de Oviedo, en Sociedad Ibérica del Nitrógeno y en "Industria y Laviada". También se detectó "un creciente malestar por el escaso salario" en la fábrica de explosivos de La Manjoya, donde fueron arrojados "granos de arroz", aunque se confiaba en que no se sumarían al paro tras ser advertidos de que no serían readmitidos "por contar con exceso de plantilla". Como consecuencia de la tramitación de los expedientes de crisis, algunas empresas, como Hulleras de Turón y la Sociedad Hullera Española, precisaron que ello implicaba el cierre de los economatos, mientras que otras, como Minas de Figaredo, los mantuvieron abiertos únicamente dos horas diarias para "suministrar" al personal que trabaja en conservación. El desabastecimiento ya hacía mella en muchas familias mineras, a pesar de que las carencias básicas se veían en parte paliadas por el creciente auxilio que les brindaban "personas caritativas y, en muchos casos, los mismos mineros que se hallaban en mejor posición o que estaban trabajando" (40). La magnitud alcanzada por el conflicto laboral forzó al Gobierno a abandonar su mutismo. El Consejo de Ministros decretó el estado de excepción en Asturias, Guipúzcoa y Vizcaya, por el que quedaron en suspenso las garantías individuales, no sin antes reiterar que cualquier concesión salarial estaba supeditada a la reanudación de la actividad (41).

Sábado, 5 de mayo.
La resolución gubernamental, difundida con profusión en los medios de comunicación, dividió a los huelguistas, aunque todos coincidieron en mostrar su satisfacción al constatar que, por fin, el Gobierno había recibido el mensaje. Los más decididos insistieron en no ceder hasta que los aumentos estuvieran garantizados y se liberara a los presos, pero cobraba fuerza la opinión de que ya se había ido demasiado lejos. La duda fue aprovechada por la organización sindical para recomendar, a través de una comisión de mineros de Langreo, que se reanudara la actividad. Entre tanto, los trabajadores de Astilleros Riera dejaron de efectuar horas extraordinarias para protestar por "los bajos salarios" (42).

Lunes, 7 de mayo.
Estas iniciativas quebraron la unidad que habían venido mostrando los mineros. La afluencia al trabajo, en esta jornada, fue casi unánime en el valle de Aller y mayoritaria en Riosa, Solvay, Hulleras de Veguín y Olloniego, mina Fortuna de Turón, Candín y el "grupo Quirós" de Fábrica de Mieres. En esta empresa, al parecer, tras varios conatos frustrados por determinar "quien entraba primero", se acordó volver a trabajar al día siguiente, mientras que en otros centros extractivos, según la policía, sólo contenía la normalización la duda que albergan los mineros sobre sus derechos de antigüedad. Muchos trabajadores, en efecto, desistieron al leer los avisos en los que se comunicaba que se admitían "solicitudes de nuevo ingreso", los cuales terminarían siendo retirados por orden gubernativa. En la sección metalúrgica una comisión volvió a presentar sus reclamaciones al director de la factoría, pero este reiteró que sólo atenderían las "justas y viables" una vez que se cumpliera un mes de "normalización laboral". Para la Guardia Civil las perspectivas seguían siendo halagüeñas, pero no se descartaba que continuara el conflicto por "la perniciosa campaña de incitación y continuación de la huelga que viene efectuando diariamente la Radio Pirenaica, cuyas emisiones son escuchadas indudablemente por la mayoría de los vecinos de la cuenca minera". La conclusión del paro, en su opinión, también dependía de que se evitara la influencia que ejercían viejos jubilados "que pasaron por distintos campos de concentración" y de que se preservara a los mineros de la "minoría exaltada que recurre al terror para lograr sus fines" (43).

Martes, 8 de mayo.
Las vacilaciones asaltaron a los mineros cuando la trascendencia de la huelga desbordaba ya el ámbito nacional y concitaba un creciente interés fuera de nuestras fronteras. En esta etapa, la concurrencia al trabajo se vio afectada por constantes fluctuaciones: mientras que se reanudó la actividad casi con normalidad en Minas de Figaredo y aumentó la afluencia en Mina Llamas, los de San Jorge y Santiago de la Hullera Española volvieron al paro, siendo parcialmente imitados en San Antonio y el grupo Marianas. La misma actitud adoptaron en Coto Cortés "por solidaridad con los demás e influenciados por las minas de Villablino, que los amenazaron con cortarles el fluido eléctrico". En el metal acudieron a su puesto los empleados de Santa Ana, Duro Felguera y Fábrica de Mieres, pero los de esta factoría lo fueron abandonando antes de que concluyera la jornada. Para disipar dudas, la Policía presionó a quienes estaban influidos "por los partidos políticos". A mediodía detuvo a seis mineros por haber "impedido con sus miradas y gestos" que se reanudara la actividad en Mina Llamas, constatándose que "cuatro pertenecían al Partido Comunista". Con esta medida se elevó a 130 el número de detenciones, 53 de ellas por "concomitancia con el Partido Comunista", de los que 32 fueron puestos en libertad. Por la tarde se inició el montaje en Sama de una emisora con el fin de "interferir las tres frecuencias en que emite Radio Pirenaica". Antes de que concluyera el día se celebró una reunión en la delegación sindical de Sama, en la que los delegados de Sotrondio y Sama expusieron a los mineros "los aumentos salariales que correspondería percibir a las diferentes categorías". Los congregados se comprometieron a favorecer la reintegración al trabajo siempre que las mejoras fueran reconocidas oficialmente por el Ministerio de Trabajo y se procediera a la inmediata excarcelación de los detenidos. En Oviedo, el arzobispo desautorizó la versión del conflicto sostenida por la HOAC y JOC en el documento titulado "Ante los conflictos laborales", ordenando que las hojas fueran remitidas al Palacio (44).

Miércoles, 9 de mayo.
La incertidumbre existente fue aprovechada por la Policía para forzar la reanudación de la actividad laboral e intensificar el ritmo de detenciones, que en esta jornada se amplió con el ingreso de 14 trabajadores en los calabozos, entre ellos el veterano dirigente socialista José Graciano Fernández García, popularmente conocido por "Pepe Llagos". De madrugada se presentó en los domicilios de los mineros, los sacó de su residencia y los escoltó hasta el centro de trabajo. En Mieres se les notificó por escrito que serían deportados quienes no volvieran al trabajo y acreditaran un rendimiento "normal". Con estas coacciones se logró una afluencia notable en Hulleras de Turón, donde se normalizó San José y Santa Bárbara y, sobre todo, en la factoría de Fábrica de Mieres, pero los trabajadores no ocultan su malestar por el trato recibido. Para mostrar su indignación por la injerencia policial, los del pozo Barredo optaron por permanecer en el interior tras la conclusión de una jornada en la que no desarrollaron ninguna actividad. De este plante se destacaba que "unos ocho individuos con las lámparas apagadas habían cercado al facultativo amenazándole para que continuara con ellos antes de que tuvieran que emplear la fuerza". Al ser advertidos de que la policía no descartaba desalojarlos por la fuerza, fueron abandonando paulatinamente la instalación extractiva, lo que culminaron poco antes de la medianoche. Estas "medidas extraordinarias" fueron denunciadas en carta dirigida a Fraga Iribarne por un grupo de intelectuales, quienes reclamaban en su misiva "la práctica de la lealtad informativa" y la disposición de cauces de negociación laboral sin "maneras autoritarias". En paralelo, para evitar el acoso policial y disponer de una excusa con la que justificar la falta de asistencia, "Radio Pirenaica" recomendó que los trabajadores rotaran su comparecencia "al tajo", pero siempre en número insuficiente para que se pudieran formar equipos de trabajo. También se aconsejó que no compareciera personal de las distintas especialidades: en un turno, por ejemplo, debían presentarse sólo los picadores y, en el siguiente, únicamente vagoneros o ramperos (45).

Jueves, 10 de mayo.
Merced a la presión ejercida, en la cuenca del Caudal compareció al trabajo el personal de Sociedad Hullera Española, Hulleras de Turón, Nueva Montaña Quijano y el pozo Barredo de Fábrica de Mieres. La afluencia se animó en algunos centros extractivos del Nalón, como Mosquitera, Fondón, Santa Eulalia, Lláscaras y Pumarabule, pero sin llegar "a la normalidad". Simultáneamente, en la sección siderometalúrgica de Fábrica de Mieres el director se comprometió a asumir todas las reivindicaciones laborales (reducción de precios en el economato, vale de carbón y mejora salarial) y a mediar para que una comisión reclamara del gobernador la liberación de los detenidos. No obstante, la fábrica continuó paralizada al precisar la autoridad provincial que sólo estaba dispuesta a liberar a "los presos laborales", pues los "políticos" estaban ya bajo la jurisdicción de un juez especial. La irritación por las medidas coactivas la traslucen en esta ocasión los trabajadores del pozo San José de Hulleras de Turón, que imitaron a los de Barredo y decidieron permanecer concentrados en la sexta planta. Para "evitar toda clase de manifestaciones que pudieran surgir de las familias de los productores", la Policía Armada impidió el acceso a la zona. También redobló el acoso contra los renuentes, procediéndose a la detención de 9 mineros más, todos ellos por formar parte "de los grupos más reacios al trabajo", excepto Ángel Moral Casielles, que fue encarcelado por recorrer Pola de Laviana "cantando la Internacional". Entre tanto menestral represaliado, la policía titubeó ante un joven abogado, acusado de pertenecer al FLP, con nombre de zar y apellidos de grande de España: se identificó como Nicolás Sartorius Álvarez de las Asturias y Bohórquez. Con menos contemplaciones, se procedió a las primeras deportaciones de los picadores que fueron "oficialmente emplazados" a rendir con normalidad (46).

Viernes, 11 de mayo.
La tensión se elevó en esta jornada al demostrar algunos mineros que no estaban dispuestos a doblegarse por la fuerza. En el pozo Lláscaras tomaron la jaula 251 trabajadores, pero, ya en el interior, forzaron la salida de los vigilantes. Tras permanecer concentrados varias horas, fueron abandonando voluntariamente el centro hullero sin ser objeto de represalias inmediatas. No ocurrió así en el pozo San José, donde estaban atrincherados cerca de dos centenares de mineros desde el día anterior. Una comisión intentó vanamente vincular la finalización del plante a que se retiraran las dotaciones policiales y a que se les asegurara "que nada les ocurriría", pero los mineros terminaron cediendo sin ninguna garantía. Nada más salir, 24 fueron detenidos y deportados a Valladolid junto con otro contingente formado por 20 picadores del pozo Barredo, los cuales fueron confinados por estar comprendidos en "la orden de trabajo y rendimiento". Cuando todavía no habían depuesto su actitud, en solidaridad con ellos se concentraron en la a planta del pozo Santa Bárbara, también de Hulleras de Turón, más de un centenar de mineros. Con más cautela, en los pozos San Jorge, San Antonio y Santiago de Hullera Española se limitó la protesta a mantener una actitud de "brazos caídos" durante el transcurso de la jornada, aunque en este caso se relacionó con no haber percibido la gratificación del 10 de mayo en el último libramiento. Estas medidas, como reconocía la Guardia Civil, acentuaban "el nerviosismo y la tirantez" en las cuencas mineras, así como la "angustiosa" situación económica de los mineros, muy afectados desde que "empezaron a ser detenidos varios productores por no entrar al trabajo y rendir en el mismo". La policía reconocía que en las familias obreras existía "psicosis" ante el temor "de que a sus deudos se les responsabilice en la misma forma que los anteriores y que puedan también ser detenidos" (47).

Sábado, 12 de mayo.
No remitieron, a pesar de ello, las represalias gubernativas. El plante del pozo Santa Bárbara se saldó con 17 nuevas detenciones, mientras que en los calabozos se apiñaba a quienes eran acusados de "insultar, amenazar o coaccionar a sus compañeros". En los barrios obreros se comentó con indignación que no se debía coaccionar a los obreros para que trabajen mientras "no cometan acciones violentas". El malestar existente por estas medidas, eufemísticamente llamadas "responsabilizaciones", se manifestó con la reproducción de nuevos altercados en centros extractivos que tendían hacia la normalización. En Modesta, Pumarabule y Mosquitera, por ejemplo, muchos trabajadores "se estacionaron en los transversales" "por quedar mermada la prima de estímulo", por haber retirado el cupo de carbón a quienes no trabajaban y por "haber agotado un crédito de 400 pesetas para la extracción de artículos alimenticios en el economato de la empresa". Ante el repunte de la huelga, fortalecida con la paralización de la minería riosellana de espatofluor, el jefe del Estado salió a la palestra y atribuyó su dirección "a las emisiones comunistas difundidas en español por Radio Praga". La crispación se elevó con una misiva recibida de la embajada española en París, en la que se daba pábulo al rumor de que en Asturias "un grupo obrero proyecta un atentado contra Franco" (48).

Lunes, 14 de mayo.
La mayor receptividad del Gobierno, expresada en una nota oficial publicada el domingo, y la ofensiva policial, a la postre, únicamente surtieron efecto en Hulleras de Riosa, en Boo y Melendreros de Hullera Española, Vicentina y Artemisa de Hulleras de Veguín, en el grupo San Fernando de Industrial Asturiana, en Solvay, en Llamas, en Cobertoria y Quirós de Fábrica de Mieres y en la minería de pequeñas dimensiones. La actividad se reemprendió en estas instalaciones gracias a iniciativas como las adoptadas por el propietario de la mina Novia y Morena, quien garantizó a sus operarios "las mismas ventajas "que pudieran gozar los demás en adelante". También en la sección metalúrgica de Fábrica de Mieres los trabajadores votaron mayoritariamente a favor de reanudar la actividad. Previamente se había celebrado una asamblea en la que un integrante de la comisión que había sido recibida por el gobernador les exhortó a "ponerse a tono con las circunstancias", una vez que la empresa había aceptado las reivindicaciones y la autoridad provincial se había comprometido a excarcelar a los "presos laborales". Aún así, cundió la alarma entre la llamada por el Régimen "sana opinión pública". Esta se había mostrado al principio benévola con un conflicto surgido por "la intransigente postura del capital al resistirse a mejorar la precaria situación económica de los trabajadores", pero comenzó a mostrar su inquietud al constatar que estaba adquiriendo "matiz político". Existía, en su opinión, un grave riesgo de que "se extendiera a todos los sectores" y amenazara "al actual sistema de Gobierno", de lo que, concluían, "solamente ha de sacar provecho el Partido Comunista" (49).

Martes, 15 de mayo.
La reanudación de la actividad en la sección siderometalúrgica de Fábrica de Mieres y la concurrencia a las minas de dos millares de obreros elevaron el optimismo de las autoridades, ya que constituían "una masa más que suficiente para ir animando a los demás a que se reintegren en sus puestos de trabajo". Para favorecerlo, el gobernador civil dejó en libertad a un grupo de detenidos por "cuestión laboral". En estas circunstancias y a pesar de los desplantes recibidos, la organización sindical volvió a ofrecerse como mediadora, pero asumiendo ahora su representación José Redondo Gómez, jefe nacional del Sindicato del Combustible. En Turón, ante un millar de mineros "que no ocultaron su escepticismo", este reiteró que las "mejoras aprobadas", la conservación de "los derechos adquiridos" y la liberación de los "presos no políticos" estaban supeditadas a que "se portaran como buenos españoles" y se reintegrasen a sus puestos de trabajo, ya que el Gobierno no estaba dispuesto a "dejar menoscabado el principio de Autoridad". Este mismo mensaje tuvo mejor acogida en Moreda, donde estuvo respaldado por el ex alcalde Vicente Madera Peña y por el ingeniero del pozo San Antonio, quien avaló públicamente con su propio peculio los derechos de antigüedad de todos los mineros. Mas tensos fueron los encuentros sostenidos en Sama y Mieres, donde se produjo un tumulto al quedar privado del uso de la palabra un minero. Este, tras manifestar el dirigente sindical que "no estaba obligado" a tratar con quienes se había situado fuera de la ley, le preguntó que cuáles eran entonces sus funciones. En la villa del Nalón le trasmitieron que no se fiaban de las promesas sindicales, pues todavía estaban esperando una nueva Reglamentación desde 1958, y criticaron que utilizara como asesores al industrial Lorenzo Velasco y "a un señor de Pravia". Tras los contactos se acordó que se celebraran asambleas en los centros de trabajo para que eligieran comisiones reducidas, las cuales a su vez deberían reunirse para formar una nueva comisión en representación de cada cuenca minera con legitimidad para establecer las condiciones que pondrían fin al conflicto. La presencia en Oviedo del ministro secretario general del Movimiento y delegado nacional de la Organización Sindical, José Solís Ruiz, abrió nuevas expectativas, ya que los mineros venían reclamando el compromiso al más alto nivel de que esta vez no sería burlados (50).

Miércoles, 16 de mayo.
Mientras que la actividad se reanudaba en el valle de Aller, como consecuencia de la iniciativa sindical, subió de tono la tensión en Gijón, donde se distribuyó maíz por los centros fabriles. En la cuenca del Nalón, las familias más necesitadas recibieron sobres de dinero en los que aparecía escrito el texto "ayuda exterior, callar", mientras que en Sotrondio algunas autoridades locales e industriales acomodados socorrieron a los hijos de los mineros. La Policía atribuyó el reparto del dinero al comunista Hortensio Iglesias Asenjo, minero del pozo Sotón, quien lo recibió de un tal Torres, procedente de Francia. Entre tanto, la comisión elegida en el Caudal redactó un manifiesto, en cuya difusión colaboró Severino Arias Murillo, miembro de la HOAC, reclamando la liberación de presos y detenidos, el mantenimiento de los derechos adquiridos, la anulación del expediente de Nicolasa, la congelación de los precios, la actualización de las pensiones y la prometida "reforma salarial". Por la tarde, "en etapas sucesivas", fueron recibidos por Solís, quedando, según la Policía, "plenamente satisfechos" (51).

Jueves, 17 de mayo.
En esta tesitura, mientras que la situación permanecía estacionaria en la minería a la espera de un pronto desenlace, se elevó la inquietud en otros sectores ante la posibilidad de quedar marginados. Las luces de la mañana descubrieron la presencia de maíz en numerosos centros de trabajo, como Moreda y Gijón, Cervezas la Estrella, Porcelana La Asturiana, Constructora Gijonesa, Ferreterías Asturianas y Bohemia de Vidrio. Por estimar que "estaban peor que los mineros" y que nadie les hacía caso, cesó la actividad en Fábrica de Moreda y Gijón y en motocicletas Avello, mientras que en Industrial Alonso, Astilleros del Cantábrico y Dique de Duro Felguera se abstuvieron de realizar horas extraordinarias. Por la tarde, a petición de los comisionados, Solís se dirigió a los huelguistas a través de las emisoras de Radio Asturias, Radio Oviedo, Radio Langreo y Radio Gijón. En su alocución, tras insistir en que la huelga había frustrado mejoras salariales "ya en marcha", volvió a vincular la elevación del precio de la hulla y la liberación de los detenidos al restablecimiento de la normalidad. También aseguró que se respetarían los "viejos contratos" y que el Gobierno tenía preparadas "importaciones de choque" para evitar que la elevación de salarios repercutiera en los precios. Tras conceder un último plazo de tres días a los huelguistas, terminó su discurso aconsejando que no se siguieran las consignas de la "radio checoslovaca", ya que tras ellas estaban las fuerzas que querían convertir a España en "un país de pastoreo" (52).

Viernes, 18 de mayo.
La inconcreción del ministro no agradó a los mineros y, además, irritó a trabajadores de otras actividades, principalmente de la construcción y metal, que no se sintieron concernidos. Por ello, se sumaron al paro millar y medio de operarios, repartidos entre Industria y Laviada, Bohemia Española, talleres Adaro y los astilleros de Constructora Gijonesa y Duro Felguera. Para exteriorizar su malestar medio centenar de operarios de Avello circularon por las calles de Gijón en bicicleta hasta que fueron interceptados por la Policía Armada, que disolvió "el pelotón" y detuvo a varios ciclistas. En otros centros laborales, como una mina de hierro de Ambiedes, la cerámica La Santina y la Fábrica de loza la Asturiana, se experimentó un notable descenso del rendimiento. Por el contrario, en mina Llamas optaron por reintegrarse al trabajo una vez que el director avaló personalmente "las mejoras propuestas por el Gobierno". En Fábrica de Mieres se decidió realizar una votación al día siguiente para sondear las intenciones del personal. Bajo la rúbrica de "El coco y otros", circuló en Solvay un manifiesto muy crítico con las medidas de "racionalización", pero en el que se terminó recomendando la vuelta al trabajo para no comprometer mejoras ya consolidadas. Un corresponsal de II Messagero, Cesare Zappalli, aseguró en su crónica radiofónica que ya habían sido deportados a Valladolid 350 obreros (53).

Sábado, 19 de mayo.
La semana se cerraba, pues, con la revitalización de la huelga al suscitarse nuevas adhesiones en Gijón (Fundiciones la Nueva, Astilleros del Cantábrico, Astilleros Riera, Fábrica de ladrillos la Santina y talleres Efesa) y Avilés (Productos Dolomíticos), mientras que en otros centros laborales, como cementos Tudela Veguín, se aprovechó la ocasión para reclamar aumentos de salarios. La actividad se reanudó en Minas de Figaredo, pero persistió el paro en la factoría siderometalúrgica de Fábrica de Mieres, donde, además, presentó su dimisión el jurado de empresa por estimar que la dirección estaba negociando a su espalda con los huelguistas. La inquietud se acentuó en las cuencas al experimentar los productos básicos, especialmente las patatas, un súbito encarecimiento. Ante el riesgo de desabastecimiento, la población hizo acopio de alimentos, siendo secundada por "comerciantes desaprensivos" que acaparan productos para agudizar la inflación. También en Gijón, donde se rumoreaba que la huelga sería completa a partir del lunes, "el espíritu ciudadano se desplomaba y la gente se lanzaba a supermercados y economatos con objeto de adquirir víveres en grandes cantidades". La creciente tensión social se refleja en gestos cada vez más desesperados, como el protagonizado por el minero Manuel Luís Álvarez González, quien se hizo fuerte con un hacha en el interior de la mina Escobio. Entre tanto, en Sotrondio fueron detenidos dos comunistas, Silvestre Cabrera Sánchez y Juan Fernández Álvarez, por "distribuir sobres con cantidades de dinero para ayudar a los afectados por el conflicto" (54).

Lunes, 21 de mayo.
La séptima semana de huelga se abrió con la completa paralización laboral de Gijón, donde se solidarizaban los trabajadores de Astilleros Montes, Juliana Constructora, Metálicas Guerra, Talleres Marte, Estampaciones Metálicas Nieto Varas, Fábrica de loza, Marítima del Musel, Industrial Alonso, Talleres Fanjul y Talleres Mecánicos La Calzada, así como los de las empresas de construcción Ángel Rodríguez, Fernández, Caranes, Ibañez, Constantino Pérez, Armando Alonso y Maxach, aunque no se consiguió el cese de la actividad portuaria. En el Caudal se trabajaba con normalidad, excepto en Fábrica de Mieres y Tres Amigos, pero en la vecina cuenca del Nalón se elevó el número de huelguistas al quedar paralizadas las instalaciones de Camellera en Ciaño. Adoptaron la misma actitud de fuerza los mineros de Hullasa, empresa enclavada en Teverga, al aparecer en los camiones que transportaban al personal unas octavillas en la que se les invitaba a sumarse "al movimiento huelguístico español". En la fábrica de Duro Felguera, los jurados comunicaron a una comisión de representantes de los distintos talleres que la empresa estaba dispuesta a aceptar el convenio que consideraran más ventajoso entre los vigentes en el sector. Ante este repunte del conflicto, el gobernador civil optó por liberar a 49 trabajadores, con lo que la cifra de detenidos se redujo a 103 (55).

Martes, 22 de mayo.
El movimiento huelguístico se siguió nutriendo, en esta jornada, de trabajadores ajenos a la minería. En Gijón, donde se rumoreaba que iban a parar los cines, cesó la actividad en Astilleros Ojeda, Marítima del Musel, Talleres Pivasa, Industrial Olmar, Hijos de José Quirós, Marmolería Gargallo, Inmobiliaria Martín y Construcciones Matías Mansilla, mientras que en La Felguera se adhirió la Cerámica Tejerona. Los mineros, entre tanto, aguardaban expectantes la publicación del decreto que iba a elevar los precios de la hulla, anunciado para el jueves. Este compás de espera fue aprovechado por las gerencias de Fábrica de Mieres y Tres Amigos para subrayar que la mejora salarial estaba vinculada a la reanudación de la actividad. En Hulleras de Turón, Sociedad Industrial Asturiana y Hullera Española, donde se venía trabajando con normalidad, los operarios exteriorizaron su malestar al difundirse que no percibirían la gratificación del 10 de mayo ni los vales de carbón de los dos últimos meses (56).

Miércoles, 23 de mayo.
A pesar de las presiones y de las "ofertas, promesas y múltiples negociaciones que se les vienen haciendo por parte de relevantes personalidades del Gobierno", los mineros no terminaban de ceder. La conflictividad rebrotó en el grupo Mangueiro, de Coto Cortés, en solidaridad con un obrero castigado, y se registraron conatos de paro en los pozos San Jorge, Santiago y San Antonio, neutralizados por la Sociedad Hullera Española al difundirse que la gratificación del l de mayo se iba a abonar. En la factoría de Fábrica de Mieres tampoco remitió la tensión, aunque los metalúrgicos permanecieron en sus puestos una vez que se les permitió en asamblea elegir un nuevo jurado para negociar la mejora del convenio (57).

Jueves, 24 de mayo.
Tras un enconado pulso, el Gobierno cedió y permitió la elevación del precio de la hulla en 75 pesetas por tonelada, medida ya adoptada el 14 de abril pero que se había dejado en suspenso mientras subsistiera la inestabilidad laboral. Para no sentar un precedente y restablecer el principio de autoridad, el Consejo de Ministros acordó que sería clausurada toda empresa en la que se declarase un conflicto, tiempo durante el cual se consideraría nula toda concesión laboral "arrancaba bajo presión" (58). Con todo, la publicación del decreto no fue percibida como un triunfo, ya que la mayoría de los mineros esperaban que en él se contemplaran los incrementos del salario mínimo comprometidos por las autoridades sindicales y políticas. La decepción hizo mella concretamente en Nueva Montaña Quijano, grupo Jatera de Coto Cortés y en Figaredo, donde los mineros abandonaron los talleres mascullando que "nada ha cambiado" y que seguían a merced de los empresarios a la hora de concretar los aumentos retributivos. El desánimo también cundió en el sector del metal, al que no se hacía referencia alguna. Por ello, la factoría de Fábrica de Mieres volvió a quedar paralizada, mientras que en Cementos de Peñarrubia y en los talleres de Santa Ana se adoptaba la misma actitud en solidaridad con los operarios de Duro Felguera. En Gijón, ante la extensión de la huelga a Talleres García y Cangas, Guerra y Construcciones Joaquín Rato, la Policía acentuó su presión sobre los obreros: cuarenta operarios de los astilleros Constructora Gijonesa fueron amenazados con la deportación si no se reintegraban al trabajo (59).

Viernes, 25 de mayo.
Decepcionados y confusos por el alcance de la medida gubernativa, los huelguistas persistieron en su actitud. La reanudación de la actividad en Fábrica de Mieres se contrarrestó con la paralización de Mina Villabona y, parcialmente, Constructora Gijonesa, a pesar de las "responsabilizaciones". Algunos empresarios, como los propietarios de Mina la Encarnada y San Vicente, presentaron propuestas de reparto de las 75 pesetas por tonelada y ofrecieron nuevos estímulos a los destajistas. Dado que la "insubordinación laboral" ya representaba una amenaza para el Régimen, activistas de Falange, Excombatientes y la Hermandad de Alféreces provisionales crearon dos grupos, "uno de acción y otro de choque". El primero pretendía solucionar el conflicto mediante el "diálogo público" y el segundo "equipándose con armamento, parece ser con metralletas, que facilitaría la Fábrica de Armas de Oviedo" (60).

Sábado, 26 de mayo.
La incertidumbre existente fue aprovechada por operarios que no habían secundado la huelga para presentar reclamaciones salariales, las cuales se atendieron con solicitud para evitar nuevos rebrotes conflictivos. Con este fin, los trabajadores de la mina Concepción, en Borciello, produjeron a mínimo rendimiento. Por el contrario, en centros fabriles clausurados por la autoridad gubernativa, como Industrial Alonso y Moreda y Gijón, los obreros reclamaron la suspensión de la medida. En otros, como Astilleros Ojeda, resolvieron, previa votación, la vuelta al trabajo. La policía acentuó su presión sobre los metalúrgicos "responsabilizando" a operarios de empresas emblemáticas, como Astilleros del Cantábrico y Riera. Con el mismo objetivo, el delegado sindical de La Felguera se personó en el domicilio de los componentes del taller de laminación de Duro, cuya actitud también se consideraba decisiva para resolver el conflicto. Ante los alféreces provisionales concentrados en el madrileño cerro de Garabitas y en un tono intimidatorio, Franco subrayó la solidez del Movimiento y reafirmó su voluntad de yugular un conflicto "politizado por los enemigos del interior y el exterior" (61).

Lunes, 28 de mayo.
La actividad laboral se reemprendió en Gijón mediante el expeditivo método de las "responsabilizaciones". En el Caudal, se advirtió una mayor presencia de mineros en Figaredo, Tres Amigos y en el pozo Barredo de Fábrica de Mieres, pero rebrotó el malestar en los pozos Santo Tomás y San Víctor de Hulleras de Turón, en el primer caso por desavenencias en el nombramiento de una comisión y en el segundo para exigir que los ingenieros, empleados y los capataces quedaran al margen de la mejora salarial. La presencia en la cuenca del Nalón de octavillas recordando que "todo está por arreglar" obstaculizó, a pesar del cansancio y las advertencias del jefe del Estado, la vuelta al trabajo. Según las estimaciones oficiales continuaron sin laborar unos 20.000 operarios, 15.000 de ellos vinculados a la minería (62).

Martes, 29 de mayo.
Restablecida la normalidad en la actividad siderometalúrgica, el foco huelguístico quedó circunscrito a la minería del Nalón, Fábrica de Mieres, Clavelina, San Víctor y Mina Llamas en el Caudal, La Camocha en Gijón y Coto Cortés en Degaña. El goteo de reincorporaciones se intentó atajar con medidas más contundentes, como la adoptada por dos centenares de mineros de Baltasara, que decidieron permanecer en el interior del pozo, con un vigilante retenido, hasta que fueran liberados todos los detenidos. Pero, aún así, el reflujo parecía inevitable (63).

Miércoles, 30 de mayo.
Tras 24 horas de encierro, el relevo de Baltasara abandonó la instalación "con la cara muy triste", siendo detenidos, "por instigadores", un total de 62 mineros. Como represalia, la autoridad gubernativa decretó la clausura del pozo durante una semana. Como en las demás instalaciones no se producían variaciones, las autoridades interpretaban que los mineros esperaban el comienzo del nuevo mes, ya que las primas de asistencia y gratificaciones de mayo estaban perdidas. La sorprendente firmeza de los mineros se siguió relacionando con las ayudas que estaban recibiendo, pero también con el hecho de que "algunos tienen recursos propios o han conseguido trabajo en el ramo de la construcción". La Policía admitió que "los responsabilizados" acudían a sus centros de trabajo, pero no rendían, por lo que se les prohibió el acceso. Entre tanto, la distribución del aumento de tonelada entre las distintas categorías reavivó la tensión (64).

Viernes, 1 de junio.
El censo huelguístico, según el cómputo policial, se redujo en esta jornada de 13.619 a 5.110 mineros. Con la vuelta al trabajo en el Dique Duro Felguera se completó la normalización de la metalurgia gijonesa, mientras que en La Camocha la alta afluencia de trabajadores permitió la reanudación del trabajo. En opinión del delegado gubernativo, la rectificación fue el resultado de la presión ejercida en el poblado de la Vega "con los registros domiciliarios nocturnos, cacheos, presentaciones en Comisaría e interrogatorios de numerosos individuos". La misma tendencia se advirtió en la cuenca del Nalón, donde se pusieron en marcha todas las jaulas, aunque no se completaron los relevos en Pumarabule, Carbones de La Nueva, Carbones Asturianos y Duro Felguera. En el Caudal sólo perseveraban en Hullas de San Julián, Hulleras de Veguín y Olloniego y Fábrica de Mieres, donde el pozo Baltasara permaneció clausurado. El Gobierno Civil estimuló este proceso liberando a 24 participantes del plante. No obstante, los servicios de información constataron que los trabajadores se mostraban muy suspicaces, por lo que no se descartaba un rebrote del conflicto si no se cumplían los compromisos alcanzados. Aprovechando el reflujo, el Sindicato Nacional del Combustible puso en circulación un escrito titulado "Hoja Social Informativa", pero su difusión fue bloqueada por el propio ministro secretario general del Movimiento (65).

El fin de la huelga.
Tras dos meses de huelga, los mineros volvieron al trabajo entre el 4 y el 7 de junio sin ocultar su malestar por la inclusión de los administrativos en el reparto de las 75 pesetas por tonelada. Reclamaron, así mismo, que fueran liberados todos los detenidos, incluidos los procesados por su militancia comunista. Tras dos meses de huelga, la Policía reconoció que habían ingresado en prisión 356 trabajadores (264 por incitación a la huelga, 19 por el plante de Baltasara, 65 por militancia comunista, 5 por pertenecer al FLP y 4 por la distribución de propaganda socialista), de los que permanecían encarcelados, a mediados de junio, 28 (66). En demanda de su liberación quedó paralizado el día 5 el pozo Barredo y el 7 Nicolasa, mientras que, más prudentes, los trabajadores de Polio y Fondón abrieron públicamente un compás de espera hasta el 15 de junio. La disputa por los derechos de antigüedad, cuya conservación quedó supeditada a que se alcanzara un "rendimiento normal", también avivó no pocos resquemores. Por no lograr la producción exigida, 53 mineros de Santa Bárbara, Mosquil y Clavelina, de Hulleras de Turón, se vieron privados de sus derechos adquiridos, lo que incrementó el descontento laboral (67). Estas reacciones, en opinión de la Brigada Regional de Información, evidenciaban que el obrero había adquirido consciencia del "poder y la fuerza de una acción unida, que antes desconocía en la práctica", de lo que se columbraban "consecuencias insospechadas". Para afrontarlas en mejor disposición, la Jefatura del Estado decretó, el 8 de junio, la suspensión de la libertad de residencia, garantizada en el artículo 14 del Fuero de los Españoles, durante dos años (68). Así mismo, para "testimoniar ante el mundo" que ni la marejada obrera ni el "contubernio de Munich" mellarían la solidez del Movimiento, el 15 de julio los falangistas organizaron en Mieres una manifestación de adhesión al Régimen.

El epílogo de agosto.
La tensión latente, expresada durante el verano en múltiples fricciones laborales, se hizo visible al boicotear los trabajadores de Fábrica de Mieres y Mina Quili la fiesta recuperable del 15 de agosto. Adoptaron esta actitud para equipararse con los empleados, en reciprocidad a que también estos se habían beneficiado de las mejoras salariales arrancadas en mayo. El restablecimiento de la actividad al día siguiente coincidió con la paralización del pozo Venturo, en la vecina cuenca del Nalón, donde los mineros abandonaron el trabajo para respaldar a un operario que reclamaba otro destino por incompatibilidad personal con el vigilante del taller. Con este pozo ya precintado "con carácter definitivo" por orden gubernativa, lo que implicaba la extinción de la relación laboral, el sábado día 18 casi un millar de mineros de Fábrica de Mieres y Hulleras de Turón permanecieron únicamente en sus puestos durante media jornada. De esta forma asumían de hecho la "semana inglesa" que regía para los administrativos como paso previo para alcanzar la jornada de cuarenta horas, comprometida por el presidente del Sindicato Nacional del Combustible durante el pasado conflicto en una carta personal dirigida a los mineros (69). Aunque el gesto era testimonial y se circunscribía a la tarde del sábado, se elevó a la categoría de conflicto permanente al clausurar la autoridad gubernativa los pozos donde tuvo más incidencia y al decretar el despido de quienes, motu proprio, habían laborado sólo media jornada (70). Estas medidas, y la apertura de nuevos expedientes disciplinarios a quienes optaron por el bajo rendimiento, favorecieron la extensión de la huelga a una treintena de centros extractivos de Fábrica de Mieres, Hulleras de Turón, Mina Dominica, Hulleras e Industrias, Veguín y Olloniego, Nespral, Minas de Langreo y Siero, Carbones de Langreo, Respinedo, Carbones Asturianos, Carbones de la Nueva y Duro Felguera, los cuales, así mismo, fueron precintados de inmediato (71). A pesar de la rápida implicación de casi 20.000 huelguistas, el conflicto encalló en este umbral por la menor receptividad de la población, la manipulación informativa, la indiferencia de otros colectivos laborales, la indecisión de las organizaciones clandestinas, el escaso eco nacional e internacional y las propias vacilaciones de los mineros, acentuadas por el extremado rigor represivo (72). Para "robustecer la autoridad del Gobierno", intimidar a los trabajadores y "castigar ejemplarmente" a los "agitadores" se procedió, desde el 22 de agosto, a la deportación de 126 mineros, seleccionados por sus antecedentes ideológicos y por "haberse significado en la gestación de los conflictos". La relación de damnificados fue ampliada por las empresas mineras con el despido de 198 trabajadores, entre los que figuraban quienes se venían destacando "por crear estados de tensión en los respectivos centros de trabajo". En la "lista negra" se incluyó a Manuel Quevedo Sánchez, de Hulleras de Turón, uno de los comisionados que se había entrevistado con el ministro secretario general del Movimiento en el mes de mayo (73). Aunque estas medidas suscitaron reacciones aisladas de protesta, la actividad minera se reanudó durante los primeros días de septiembre al compás de la reapertura de los pozos, culminada los días 9 y 10 al quedar expedito el acceso a Venturo y Nicolasa. La contundencia empleada en la aplicación de las sanciones, así como la celeridad exhibida en el cierre de las instalaciones con independencia del número de huelguistas, dieron pábulo a que esta fase del conflicto fuera percibida como un "lock out" destinado a acabar con el "envalentonamiento del personal obrero". Este extremo fue confirmado por la patronal minera, que se mostró partidaria de prolongar la huelga todo lo que fuera necesario para acabar con la etapa de mayor "insolencia e indisciplina laboral de la historia de la minería española". Se refería a la primavera y el verano de 1962 (74).

HOJAS DE CALENDARIO 2

El preámbulo.
Tras el enconado pulso sostenido durante los meses de abril y mayo, ni los trabajadores, ni los empresarios, ni, por supuesto, las autoridades, quedaron satisfechos con el desenlace. Tanto las instituciones del Régimen como la patronal eran conscientes de que el principio de autoridad, en el que cifraban su legitimidad, había quedado socavado, mientras que los obreros se sintieron estafados al hacerse partícipes de las mejoras arrancadas a colectivos laborales, como los administrativos y técnicos de minas, que, mayoritariamente, se habían significado por su insolidaridad durante la huelga de la primavera. Conatos de tensión como el paro protagonizado por los mineros del pozo Barredo, después de la inclusión de los empleados en el reparto del incremento obtenido en el precio de venta del carbón, la protesta de El Fondón contra el turno de la tarde, un plante de brazos caídos en la mina de hierro de El Regueral por el sigilo que observaban las partes en la negociación del convenio, el bajo rendimiento adoptado por los barrenistas del pozo San Vicente y los picadores de Lláscaras en demanda de un aumento del precio del avance, o, en fin, un acto de protesta en la Sociedad Ibérica del Nitrógeno por la modalidad adoptada en el reparto de la prima de producción, caldearon los ánimos para un nuevo estallido huelguístico, alentado en este caso por el deseo de las autoridades políticas y laborales de restaurar el viejo orden de cosas (75). Miércoles, 15 de agosto. Así pues, sin buscarse, como los amantes de Rayuela, todos se afanaron en encontrarse, aunque no siempre por los mismos caminos. Al igual que ocurriera en abril, el primer paso lo dieron los mineros de Fábrica de Mieres (Nicolasa, Baltasara, Barredo y Corujas), secundados en esta ocasión por el personal de mina Quili, quienes acordaron no acudir al trabajo el día de la Ascensión, a pesar de que era fiesta recuperable. Al convertir este día en jornada de descanso a todos los efectos se equiparaban, por la fuerza de los hechos, con los empleados, en reciprocidad a que éstos se habían beneficiado sin distingos de las mejoras económicas arrancadas en el mes de mayo (76).

Jueves, 16 de agosto.
La reanudación de la actividad en el Caudal, sólo alterada por un grupo de vagoneros del pozo Barredo que abandona el trabajo para reclamar que se tipifique como destajo fijo una gratificación que habían dejado de percibir, coincide con la paralización del pozo Venturo, en la vecina cuenca del Nalón (77). Aquí, el relevo de la tarde se acantona en la plazoleta para evitar el presumible despido de César Rodríguez Fernández, quien llevaba varios días rechazando un destino alegando manifiesta incompatibilidad personal con el vigilante asignado. Antes de finalizar la jornada y tras realizar varios interrogatorios, la policía secreta "responsabiliza" al minero renuente de la actitud que adopten sus compañeros y le enumera las represalias que se adoptarán contra él y sus familiares si persiste en su actitud. También por solidaridad con un picador "injustamente" sancionado, quedó paralizado durante una hora el grupo minero Las Cruces, en el concejo de Quirós (78). En suma, fueron menos de dos centenares los mineros que participaron en las protestas.

Viernes, 17 de agosto.
En esta jornada la tensión se mantiene, únicamente, en el pozo Venturo. Uno tras otro, todos los relevos secundan al de la tarde anterior, completándose la paralización completa del pozo. Tras una fallida reunión del Jurado de Empresa, la instalación fue precintada a primera hora de la tarde por la autoridad gubernativa, lo que implicaba la rescisión automática de 396 contratos. Por la noche, en el casino de Mieres, se rumoreó que al día siguiente, sábado, los mineros abandonarían el trabajo a media mañana para imponer la "semana inglesa", paso previo para alcanzar la jornada de cuarenta horas formalmente comprometida por el presidente del Sindicato Nacional del Combustible durante el pasado conflicto. Además de la promesa, arguyeron que querían equipararse con los administrativos y, a la par, aproximarse a las condiciones laborales de la minería europea. De inmediato, se reforzaron las dotaciones de la Policía Armada en las cuencas y se acantonó un retén adicional compuesto por 50 personas en el cuartel de Oviedo (79).

Sábado, 18 de agosto.
A pesar del intimidatorio despliegue policial, a media jornada los mineros de Fábrica de Mieres, Hulleras de Turón y Mina Escribana abandonaron las instalaciones en silencio. Aunque pretendían circunscribir su desafío únicamente a este gesto, la respuesta gubernativa fue drástica: se clausuraron los pozos Nicolasa, San José, Santa Bárbara, Barredo y Baltasara, si bien los dos últimos fueron reabiertos al subrayar el delegado provincial de la OSE que la mayoría había cumplido la jornada completa. La cuenca del Nalón no se sumó a la protesta, pero la Policía reconocía que en pozos como María Luisa se estaban comentando estas incidencias con "viva intensidad" (80).

Lunes, 20 de agosto.
La losa del millar de despedidos, como era de prever, ensombreció la reapertura de los centros extractivos. En los pozos Santo Tomás y Espinos, así como en los grupos San José y San Víctor, se optó por la paralización de la actividad hasta que fueran levantadas las sanciones. Como también fueron clausuradas de inmediato estas instalaciones, los afectados amenazaron con bajar en manifestación desde Turón hasta Mieres en señal de protesta. En la vecina cuenca del Nalón dos docenas de picadores del Sotón, colindante con el Venturo, se mantuvieron durante toda la jornada a bajo rendimiento. Según estimaciones oficiales, la cifra de huelguistas se elevaba ya a 2.337 mineros (81).

Martes, 21 de agosto.
Al constatar que la relación de los despedidos presidía los tablones de anuncios, secundaron a los represaliados los mineros del pozo Barredo, de mina Clavelina y el grupo San Víctor, instalaciones que fueron precintadas con la misma celeridad que las anteriores. La medida se hizo extensiva al pozo Sotón -el relevo de la mañana arropó a los picadores expedientados por el bajo rendimiento del día anterior-, María Luisa, Mosquitera y la mina de hierro El Regueral (Candás), donde algunos operarios adoptaron una actitud apática en el trabajo. En un comunicado, el Comité Ejecutivo del PCE definió a los casi cuatro mil mineros que tenían vedado el acceso a su centro de trabajo como el faro que ilumina hacia la huelga nacional que derribará a la Dictadura (82).

Miércoles, 22 de agosto.
Mientras que en el Caudal se abrió un compás de espera, sin más sobresalto que la sanción impuesta a un grupo de trabajadores del lavadero central de Fábrica de Mieres por negarse a suplantar a los huelguistas de Polio, en el Nalón continuó la progresión del paro. Ante la profusión de gestos intimidatorios, aquí se optó, en unos casos, por el bajo rendimiento (en Mosquitera n° 2 y en el Fondón) y, en otros, por la completa paralización del centro extractivo (en Carbones de Langreo, mina Respinedo, Llumeres y el pozo Pumarabule). Con estas nuevas adhesiones se elevaron a 6.325 el número de huelguistas (83). Dado el descrédito de la Organización Sindical, que en esta ocasión quedó marginada desde el principio, se afrontó la neutralización de la huelga únicamente con medidas policiales. Tras la experiencia de la primavera y para evitar que el paro se generalice, el jefe superior de Asturias recomendó que se impusiera el toque de queda y el cierre de establecimientos de bebidas a las diez, que se practicaran cacheos sistemáticos, que no se permitiera la formación de grupos en la vía pública, que se recogieran las armas de particulares, que se reprimiera sin vacilación toda iniciativa de apoyo promovida por mujeres, que se detuviera a quien incitase al paro o hubiera estado procesado en pasados conflictos, que desterrara a quienes con su "acción subversiva" habían pretendido alterar el orden laboral y político, e, incluso, que se remitiera a su lugar de procedencia a todos los mineros que no fueran naturales de las cuencas mineras (84).

Jueves, 23 de agosto.
Con la fulminante clausura de las instalaciones, no bien se detectaba la menor alteración, y la contundencia represiva se favoreció, como hemos visto, la extensión de la huelga, pero, a la par, se erosionó la cohesión de la colonia minera. La autoridad gubernativa pretendía que ésta no secundara a "la minoría de profesionales de la agitación que enturbiaba las aguas", para, una vez aislados, proceder contra ellos. La repulsa unánime que suscitaba "el extremado rigor de las medidas adoptadas" se trocaba en división y enfrentamiento, reconocía veladamente la Guardia Civil, a la hora de determinar el rumbo a seguir. Los más combativos reclamaban que el próximo sábado se laborara sólo media jornada para no arriar la bandera de la "semana inglesa", pero los pusilánimes "abrigaban el temor de que dicha actitud pueda generar la clausura de las instalaciones que tomen esta medida" (85).

Viernes, 24 de agosto.
Las discrepancias de criterio, unidas a la menor receptividad de la población, la manipulación informativa, la indecisión de las organizaciones clandestinas y el escaso eco nacional e internacional del conflicto, lastraron la resistencia minera. Esta, además, también se quebraba por la falta de coordinación entre las principales cuencas, absorta cada una de ellas en su propio ciclo conflictivo. Mientras que la presión obrera presentaba intermitencias en el Caudal, ya que se pretendía imponer una reducción de jornada, la protesta en el Nalón se fortalecía cada día, sin fluctuaciones, con nuevas adhesiones. En esta jornada, por ejemplo, se sumaron al paro los trabajadores de Modesta, Riera, Carrio, Rimoria, Barredos y, además, Aramil, elevando a 11.188 la cifra de mineros en huelga (86). El desánimo entre los más dubitativos cundió al conocerse que, tras dos días de detención y malos tratos, habían sido deportados tres mineros. En aplicación del decreto de 8 de junio por el que se suspendía la libertad de residencia, la Policía recomendó que uno de los afectados, Enrique Suárez Fernández, fuera desterrado "juntamente con sus familiares directos, esposa e hijos". La confusión entre los mineros se acentuó al difundir algunas agencias extranjeras que se había deportado a Extremadura cerca de 300 operarios (87).

Sábado, 25 de agosto.
La divergencia entre las cuencas se atenuó parcialmente al concluir la segunda semana de conflicto, ya que en San Mamés, San Luis, Carbones Asturianos, Lláscaras y mina Zorera, de Hulleras e Industrias, se negaron, como se venía haciendo en el Caudal, a completar la jornada sabatina. La irritación obrera subió de tono en El Fondón al difundirse que, por "instigar al paro y ser los primeros que los efectuaron", habían sido detenidos, de madrugada, cinco picadores de El Fondón, mientras que en Lláscaras fue necesario que todo un relevo se estacionara en un transversal para lograr el enmudecimiento de la jaula. En el Caudal no se advirtió más alteración que el abandono prematuro y parcial del tajo en mina Dominica, San José (Hulleras de Veguín y Olloniego) y dos instalaciones de la Sociedad Hullera Española: los pozos Dos Amigos y Santiago. A pesar de que Fábrica de Mieres presentó listas de readmitidos en Barredo y Baltasara, para sembrar dudas y ahondar en las contradicciones de los mineros, en el recuento oficial se admitió que se habían clausurado ya 26 centros extractivos y, por tanto, que permanecían inactivos 13.772 operarios (88).

Lunes, 27 de agosto.
El habitual reflujo del lunes no fue óbice para que, al final de la jornada, frisara los quince mil la cifra de huelguistas. El goteo de reincorporaciones en el Caudal se vio ampliamente compensado por las nuevas adhesiones a la huelga en el Nalón, donde los mineros no admitieron que se sancionara a quienes habían participado en la protesta del sábado. En esta jornada, según La Pirenaica, dos bares de El Entrego, La Unión y La Laguna, fueron castigados por permitir que en su interior se recogieran firmas demandando la liberación de los detenidos y la vuelta de los confinados. A pesar de estas muestras de solidaridad, no remitía la incertidumbre ni el desánimo. En opinión de la Guardia Civil este abatimiento se reflejaba en la creciente demanda de certificados de buena conducta, lo que vinculaban con el anhelo de "emigrar a otros países y alejarse de estos conflictos y sus consecuencias" (89).

Martes, 28 de agosto.
Dadas las circunstancias, el conflicto se estanca y los mineros optan por un repliegue táctico. Es verdad que se completa la paralización del Nalón y se alcanza la cota máxima de huelguistas, nada menos que 20.170, pero las iniciales aspiraciones dejan paso a una pretensión de carácter defensivo: que se reabran los pozos precintados y se condonen los castigos. Esta fue la petición que formularon dos comisiones de mineros, una del Caudal y la otra del Nalón, al delgado provincial de Sindicatos, con el ruego de que la elevara al gobernador civil. En respuesta a la contundente reacción gubernativa, que optó por la clausura del pozo y la deportación de los principales "instigadores" a la menor alteración y para forzar un compromiso más activo de los dubitativos, se recurrió a reacciones cada vez más osadas, como la protagonizada por un grupo de mineros de San Luís. Según la versión policial, fueron detenidos por recorrer la cuenca del Nalón en un taxi "provocando a su paso al personal que trabajaba en el cargadero de la empresa Fradera, llamándoles esquiroles, y dirigiéndose más tarde a Villoria" (90).

Miércoles, 29 de agosto.
En un balance de urgencia, la Policía concluyó que no se había repetido la experiencia de la primavera al comprobar los mineros que "se tomaban medidas contra los agitadores y sediciosos (..), cuyas torpes maniobras para arrastrar a la masa obrera habían sido cortadas a tiempo". De ello deducían una rotunda victoria "para los obreros deseosos de trabajar en paz, y un robustecimiento de la autoridad del Gobierno, ya que el conflicto se inició con la repulsa de la mayoría de los mineros y la totalidad de la población en general" (91). También la patronal minera bendijo con entusiasmo "la actitud de la Autoridad en esta ocasión" y se regocijó con la derrota infligida a un colectivo laboral que había protagonizado el episodio de insolencia más grave "en casi toda la historia de la minería española". Por ello previno contra soluciones "conciliatorias de última hora" y supeditó la "rehabilitación del orden y la disciplina laboral" a la adopción de medidas ejemplarizantes contra "el personal obrero que ha adoptado esta actitud de rebeldía no contra la empresa sólo sino contra toda la sociedad española". Si para ello convenía mantener viva la huelga, consideraba la prolongación como "la inversión más rentable que podía realizar una sociedad minera". Con el mismo ánimo revanchista, una comisión de falangistas langreanos reclamó del gobernador "un castigo ejemplar para todos los que han dejado de trabajar voluntariamente" (92).

Jueves, 30 de agosto.
Fue la contundencia del desquite, reclamado al unísono por Policía, patronal y falangistas, la que, a la postre, obstaculizó la reanudación de la actividad. A pesar de su favorable predisposición, los trabajadores de Hulleras de Veguín y Olloniego se negaron a trabajar al constatar que, de los 51 mineros que ya habían sido deportados, 4 pertenecían al pozo San José. La anhelada reapertura de instalaciones en el Caudal contribuyó, así mismo, a incrementar la confusión, ya que los afectados descubrieron el coste en despidos de las acciones emprendidas. En una jornada marcada por la muerte violenta de cuatro trabajadores del pozo Barredo al explotar una caldera de calefacción, Radio España Independiente ofreció su contrapunto a la versión oficial del conflicto. Tras rebatir que los mineros percibieran "salarios fabulosos" y que la huelga careciera de simpatías entre la opinión pública, la emisora comunista condenó el cambio de actitud observado por el nuevo ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, quien "había sustituido el silencio que imponía su predecesor por la manipulación" (93).

Viernes, 31 de agosto.
A pesar de la amplia relación de despedidos, 198 en total, el conflicto se agotó en el Caudal. Tras algunas dudas, todas las instalaciones recuperan la normalidad con la excepción de Nicolasa, que permaneció clausurado, y San José, donde se reincorporó al trabajo la mitad de la plantilla. En este caso, Hulleras de Veguín y Olloniego conminó a los renuentes para que depusieran su actitud en un plazo máximo de tres días. Algunos despedidos del valle de Turón promovieron sin éxito la formación de una comisión para que gestionara ante las autoridades su readmisión. En el Nalón, donde permanecían cerrados 19 centros extractivos e inactivos 11.699 mineros, la situación se mantiene estacionaria. Ante la tibia respuesta de los mineros, la medida de confinamiento se hizo extensiva a un contingente de 28 trabajadores (94).

Sábado, 1 de septiembre.
El definitivo repliegue obrero quedó confirmado al respetarse en todas las instalaciones reabiertas la jornada oficial. Tras infructuosos contactos, la comisión pro-despedidos de Turón se compuso de un único afectado, quien se dirige a Madrid para entrevistarse con el ministro secretario general del Movimiento. Entre tanto, el gobernador civil se reunió con los jurados de empresa de Duro Felguera, Minas de Langreo y Siero y Minas de Respinedo, con los que se comprometió a reabrir los pozos del Nalón a partir del lunes de forma gradual. La aparente sumisión obrera no evitó que se elevase hasta el centenar la relación de mineros confinados fuera de Asturias. Además, en el Rosellón (Siero) se procedió a la clausura del bar de César Menéndez por "haber permitido reuniones de mineros en las que se tomaban decisiones y acuerdos para no acudir al trabajo y continuar la huelga establecida para conseguir la jornada inglesa" (95).

Lunes, 3 de septiembre.
Aunque los mineros arriaron sus banderas reivindicativas, se resistieron a una claudicación incondicional. Mientras que la actividad se restableció en los pozos desprecintados del Nalón -Barredos, Carrio, Rimoria, Pumarabule y Minas de Respinedo- proliferan las iniciativas para atenuar las represalias. En Olloniego se formó una comisión para reclamar la libertad de los detenidos y en el Sindicato Local del Combustible de Turón, a petición del delegado provincial, se abordó la situación de los despedidos en el grupo Clavelina, ya que uno de los afectados pertenecía a la junta local. Así mismo, un grupo de mineros de Nicolasa reclamó al Jurado de Empresa y al delegado local de Sindicatos que intercedieran para lograr la inmediata reapertura del pozo. Desde La Pirenaica se denunció "el silencio cómplice" de la Iglesia y se lamentó con acritud que, en esa ocasión, hubiera imitado la actitud de Poncio Pilatos. Según la emisora comunista, el obispo de Oviedo había impuesto a sus párrocos que omitieran cualquier referencia a la huelga (96).

Martes, 4 de septiembre.
La puesta en circulación de nuevas jaulas —María Luisa, Mosquitera n° 1 y n° 2, Respinedo y Aramilredujo el número de huelguistas a poco de más cinco mil, casi todos ellos del Nalón. Los augurios más pesimistas se confirmaron al notificarse que en Nicolasa se abría un plazo para que el personal retirara sus pertenencias y percibiera los emolumentos pendientes. Tras el despido colectivo se colegía que se abriría un nuevo proceso de readmisiones, con la subsiguiente pérdida de los derechos de antigüedad, pero los más recelosos no descartaban que el pozo fuera cerrado o vendido, apuntándose a Ensidesa como presumible comprador. La inflexibilidad en los escarmientos también removió las aguas en Hulleras de Teverga, hasta ese momento remansadas. Los mineros supeditaron la tranquilidad laboral a que se readmitiera a un trabajador que acababa de cumplir tres meses de cárcel tras ser detenido durante la huelga de la primavera. En el sumario abierto por sedición con motivo del conflicto, el gobernador civil calificó de "subversiva" la actitud adoptada por los mineros, tanto por afectar negativamente a la economía nacional, como por "mermar indudablemente el principio de autoridad tanto del Gobierno como de sus agentes" (97).

Epílogo.
Entre el 5 y el 6 de septiembre se completó la normalización de la actividad en el Nalón, con excepción de los pozos Venturo y Regueral, que fueran desprecintados el día 10. Un día antes fue levantada la clausura en Nicolasa, no sin antes concretarse la lista de damnificados. El censo inicial de 540 operarios fue rebajado hasta 442, una vez que a las bajas voluntarias se sumó el traslado a Polio de 22, el despido de 21 y la deportación de 9. Con ellos, la relación de confinados se fijó definitivamente en 126, por debajo de los 150 inicialmente previstos por el gobernador civil y muy lejos de los 300 propalados por las publicaciones clandestinas y la prensa internacional (98). A última hora, también se rebajó de 198 a 151 el número de mineros despedidos, recorte que la Organización Sindical interpretó como un reconocimiento expreso a que, en la primera selección, se había aprovechado la ocasión para expulsar de los centros de trabajo a quien había sabido defender sus derechos "por la vía legal". Estas rebajas no fueron óbice para que en el telón de la emblemática huelga de 1962 se bordaran los sentimientos de la derrota y el desánimo. No obstante, se había roto un tabú y quedaba el campo roturado y sembrado para nuevas y más intensas movilizaciones.