LO QUE PASÓ EN ASTURIAS, 1962
La Nueva España, 9 de mayo de 2002
Dieciséis estudios, editados poe la Fundación Juan Muñiz Zapico, investigan y divulgan el conflicto minero de honda repercusión en el franquismo.
Profundizar en el análisis historiográfico de las míticas huelgas originadas en la minería asturiana y divulgar un conflicto de onda repercusión en el contexto sociopolítico y laboral del franquismo (1939- 1975). La obra es una recopilación de 16 estudios que tienen como eje temático las huelgas surgidas a raíz del malestar laboral existente en el grupo Nicolasa de Fábrica de Mieres: el 5 de abril de 1962 unos 25 picadores disminuyeron intencionadamente su ritmo de producción en protesta por la reorganización de los turnos de trabajo realizada unilateralmente por la empresa. Con ello se desataba un conflicto cuya trascendencia se expresa con rotundidad en una de las primeras páginas del libro: "Los antecedentes de la actual democracia española deben buscarse no solamente pero sí también y en no escasa medida, en 1962 es Asturias" (Pág. 61).
Pero, ¿cuál era la situación que en España justificaba que un conflicto laboral, espontáneo y pacífico como fueron las huelgas mineras de primavera, tuviera tal relevancia histórica; por qué fue resuelto por el Gobierno con una solución política negociada por uno de sus ministros, José Solís, y plasmadas las concesiones en el "Boletín Oficial del Estado"? La respuesta está en la naturaleza del régimen franquista, la coyuntura económica nacional y el eco alcanzado por la propuesta.
La consolidación del "Nuevo Estado" franquista exigió, por su propio origen histórico, la modificación de los presupuestos jurídico-ideológicos que definían las relaciones de producción. El nacionalsindicalismo, en su afán superador de los antagonismos interclasistas, prestó todo su empeño en la configuración de una organización sindical verticalista donde las categorías de patrono y obrero quedaron subsumidas en la única de "productor".
No obstante, las amplias funciones normativas atribuidas a la OSE en el ámbito laboral devinieron en una paulatina y significativa pérdida de competencias del sindicato vertical, convertido de hecho en un mero órgano gestor de las entidades estatales. El aparente reforzamiento sindical a raíz de la ley de Convenios Colectivos de 1958 encubre, por otra parte, la instrumentalización estatal del mismo en una coyuntura en que la flexibilización laboral, inherente al propio desarrollo económico, y la moderación del intervencionismo ministerial requerían ser compensadas por un control indirecto, pero efectivo, de los nuevos mecanismos de regulación salarial.
El fuerte control social ejercido sobre la mano de obra en el sector industrial se compaginó con la práctica de un paternalismo autoritario, proyectado a través de las reglamentaciones de trabajo, que traicionaba en su contenido el principio mismo de "justicia social" tan arduamente defendido desde instancias oficiales, haciendo compatible tal concepto con unos mínimos salariales rígidos (inferiores al coste de vida), con una constante pérdida de poder adquisitivo de los salarios obreros, con unos reducidísimos períodos de vacaciones, con una jornada laboral intensiva, con una total falta de seguridad e higiene en el trabajo, con unas prestaciones sociales de escasa cobertura económica y asistencial, y con una rígida disciplina laboral (marcadamente militarista en las minas de carbón).
Las condiciones de trabajo de la clase obrera se mantuvieron prácticamente inalterables hasta comienzos de los años sesenta. La negociación colectiva, que impulsó mejoras laborales y salariales a lo largo de esta década elevando el nivel de vida de los trabajadores, no prosperaría, sin embargo, en la industria hullera hasta 1972 (año en que se suscribe el primer convenio colectivo de Hunosa), pues la fuerte tensión laboral existente en las minas asturianas a partir de 1962 justificó que el Ministerio de Trabajo, presionado por la patronal, cancelase la contratación colectiva en las principales empresas hulleras y optase por la menos arriesgada fórmula de una nueva reglamentación para el sector.
La ausencia de conflictos colectivos en los años 40-50 no puede ser tomada como indicador de actitudes complacientes por parte de los trabajadores hacia unas relaciones de producción regidas por el paternalismo estatal y el abuso patronal. En este contexto, el conflicto individual, que se presenta como única vía de manifestación del descontento obrero respecto a las condiciones de trabajo se convirtió en trasunto del conflicto colectivo: los numerosos expedientes tramitados por las magistraturas de trabajo han dado una ajustada visión de la tensión laboral existente en los centros productivos, y especialmente en las minas, durante el largo período autárquico (1939-1959).
Las huelgas mineras de los años sesenta tuvieron en Asturias su antecedente en el elevado índice de conflictos individuales. La crisis hullera, con el consiguiente cierre de explotaciones, despidos e inseguridad económica, convertirá, a partir de 1962, el malestar latente en protesta generalizada. Junto a las iniciales reclamaciones salariales de los mineros, surgirán reivindicaciones profesionales y asistenciales estrechamente vinculadas a la problemática sectorial, puesta de relieve a través de las demandas obreras en los años precedentes.
La estrategia patronal frente a las huelgas estuvo nítidamente definida desde el surgimiento de las mismas: neutralización de los elementos obreros más significativos en el conflicto (represión selectiva mediante suspensiones temporales de empleo y sueldo y, en menor medida, el despido) y cierre patronal (intimidación colectiva).
La conflictividad en Asturias, asociada estrechamente a la actividad minera, deriva tanto de las peculiaridades laborales de la industria extractiva como del contexto socioeconómico de las cuencas hulleras: las condiciones de un trabajo especialmente penoso, una actitud patronal guiada por pautas no tanto productivistas como meramente especulativas, la existencia de una fuerte conciencia obrera entre los mineros asturianos (que les induce a valorar la tensión social desde la perspectiva del antagonismo interclasista y a reforzar los sentimientos de solidaridad) y, por último, la situación de crisis que afecta en los años sesenta al subsector del carbón, son factores cuya concurrencia situaron históricamente al obrero minero a la vanguardia de la protesta colectiva en la región.
El libro Las huelgas de 1962 en Asturias se inicia con un prólogo de Manuel Vázquez Montalbán de expresivo título, "Las huelgas ya no son lo que eran"; le sigue, a modo de introducción, el estudio de Rubén Vega sobre la trascendencia de las huelgas de 1962, sus causas y significación. Los historiadores catalanes Carme Molinero y Pere Ysás, expertos conocedores de la historia social y económica del franquismo, realizan una síntesis de la historiografía clásica y reciente que, en el marco de estudios más amplios, trata el tema de las huelgas de 1962. En la parte final del libro, Benigno Delmiro rastreará la presencia de las mismas en la literatura.
Ramón García Piñeiro, apasionado investigador de la problemática minera en Asturias durante el franquismo, con el lenguaje chispeante que le caracteriza, nos relata a lo largo de los varios artículos que incorpora en este libro, lo que fue el día a día de los acontecimientos huelguísticos de abril y mayo del 62, con el denominado "epílogo" de agosto; la contribución y participación de las mujeres en la lucha obrera de esos meses, el carácter y significación de la represión gubernativa, los códigos de resistencia y la respuesta obrera.
El análisis de las condiciones de trabajo y conflicto de la clase obrera asturiana en el contexto del plan de estabilización y sus efectos corre a cargo de Francisco Erice, así como el último, y muy pertinente, de los estudios incluidos en el libro, dedicado a interpretar las huelgas de 1962 a la luz de la tradición épica de la Asturias roja. La situación empresarial en la industria del carbón y cuestiones como la política de precios, condiciones de producción y salarios a comienzos de los sesenta en la minería asturiana son descritas por María Moro. Le siguen, en equilibrado tono desmitificador, los estudios acerca de las fuerzas de oposición al franquismo, su actuación durante las huelgas, el papel de los obreros cristianos (que como pone de relieve Julio Vaquero, si bien no fueron los organizadores, junto con los comunistas, del movimiento huelguístico, como maliciosamente divulgaron los medios oficiales de entonces, sí fueron activos impulsores del mismo) y de la Iglesia ante el conflicto.
El descrédito de la organización sindical, la actuación de la autoridad gubernativa, la manipulación informativa del Régimen y, como contrapunto, la propaganda lanzada por la oposición, el protagonismo de las comisiones obreras y dos estudios basados en el relato de quienes vivieron y participaron en la huelgas hace 40 años (el valor y los límites de la historia oral a debate) completan esta excelente ycasi exhaustiva panorámica de un conflicto que, como la insurrección de 1934, sitúa a los mineros asturianos en primer plano del movimiento obrero contemporáneo.
Lectura muy recomendada para quienes creen perdidas algunas loables señas de identidad, recuperables con el ejercicio de la crítica histórica más que de la historia nostálgica.