Más información: [actividades] 40 aniversario (1973-2013) Proceso 1.001

El 24 de junio de 1972, en el Convento de los Padres Oblancos de Pozuelo de Alarcón serían detenidos los dirigentes de la Coordinadora General de Comisiones Obreras, iniciándose el denominado Proceso 1001. Un juicio represivo contra la libertad sindical con repercusión estatales e internacionales y que suscito amplios movimientos de solidaridad, institucionales y publicas, con el consiguiente desenmascaramiento del seudo reformismo del régimen. Un juicio a la Clase Obrera y una demostración tangible de la falta de libertad en España.

Los 10 de Carabanchel: Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Eduardo Saborido, Francisco García, Fernando Soto, Juan Muñiz, Francisco Acosta, Miguel ángel Zamora, Pedro Santiesteban y Luís Fernández; serían detenidos por la Brigada Regional de Investigación Social que tras rodear el convento y realizar a su exhaustivo registro. Nunca quedara claro si la detención y descubrimiento de esta reunión de la Coordinadora de CC.OO. fue debida a un chivatazo o al mero seguimiento de los implicados en la misma. Pero lo cierto es que el resultado fue un despliegue policial que dio como resultado la detención de la cúpula estatal de Comisiones Obreras.

La acusación de los implicados se baso especialmente en sus antecedentes penales, ya que buena parte de ellos ya habían sido condenados por asociación ilícita y manifestación no pacifica, lo que les sitúa como reincidentes y vagos. Por no enumerar todos los adjetivos y denominaciones utilizadas por la Dictadura para justificar la condena y persecución a sus detractores. Eran por tanto ya habituales del Tribunal de Orden Publico (TOP) y de las cárceles franquistas. Conocidos y relevantes en sus ámbitos laborales y organizativos, pero desconocidos para el gran publico nacional e internacional. Su juicio y condena les convertiría en figuras públicas, victimas de la persecución a todo un movimiento sindical.

El perfil de los encausados es variopinto, pero en general se trataba de trabajadores que habiendo participado del entrismo en el oficial Sindicato Vertical habían llegado a ocupar diferentes grados de representación en el mismo, como instrumento para la organización y el desarrollo de las Comisiones Obreras. Eran muy al contrario que los epítetos de la acusación, trabajadores comprometidos con sus compañeros y compañeras y que de forma abnegada luchaban y dedicaban su vida a la defensa de los intereses de la clase obrera sufriendo por ello la persecución, despidos y cárcel. Trataba por tanto la acusación de justificar su juicio en su carácter subversivo ligado al PCE, como agitadores profesionales del mismo. Los acusados, siguiendo lo habitual en estos casos, negaron el fin y realidad de su reunión y responsabilidad, inventando todo tipo de argumento para justificar su presencia en el Convento.

La defensa de los encausados estuvo desarrollada por un grupo de abogados y abogadas pertenecientes a todas las tendencias del antifranquismo del momento. Desde prestigiosos juristas como Marcial Fernández Montes, Alfonso del Cossío y Corral, democristianos como Joaquín Ruiz Giménez, socialistas como Enrique Barón, comunistas del PCE como Manolo López , Cristina Almeida y la ORT como Francisca Sauquillo, abogados como Adolfo Cuellar, Guillermo García Lacunza (sustituido por Jaime Sartorius) y el mismísimo José ª Maria Gil Robles.

El desarrollo del juicio y sus resultados se vio bruscamente alterado por la muerte del Presidente del Gobierno, Carrero Blanco, cuyo atentado coincidió con el juicio; lo que marco sobremanera el desarrollo del momento y las sentencias, con su consiguiente endurecimiento. Condenados por asociación ilícita y justificado por el TOP su pertenencia a CC.OO. y vinculación al archilegal PCE. Sus ejemplarizantes penas constituían todo una clara demostración de represión e intolerancia contra el movimiento sindical. Con penas de veinte años a Camacho y Saborido, Sartorius y el Cura Paco con diecinueve años, Juanín a dieciocho años, Soto a diecisiete años, Acosta, Zamora, Santiesteban y Costilla a doce años cada uno.

Las exorbitadas sentencias marcaron el multiplicador de la importancia y difusión del Proceso 1001, no solo a escala nacional sino internacional. Nace el símbolo, primero como Los 10 de Carabanchel, para ser finalmente denominados como El Proceso 1001. Desarrollándose una imagen de grupo, que mas haya de la jerarquía interna de los enjuiciados, rompió la dinámica tradicional de un único cabeza principal de estos procesos. Los 10 procesados lo fueron por ser dirigentes obreros con capacidad organizativa y movilizadota. Dejando al descubierto las miserias políticas y judiciales de un régimen ya en decadencia. Se persigue a CC.OO. por su exitoso desarrollo entre los trabajadores y su capacidad de representación y lucha.

Manifestación en París, en 1973, por la amnistía.
Comienza a partir de aquella sentencia, el 27 de diciembre de 1973, una auténtica batalla legal y pública por su libertad, judicial y mediática; así como la solidaridad internacional con el resultado de importantes manifestaciones y apoyos públicos. La vista del recurso de casación contra la sentencia del TOP que tendría lugar el 11 de febrero de 1975, suscito por tanto un amplio interés internacional, incluso con la presencia en la misma de juristas y sindicalistas de todo el mundo. Consiguiéndose en la misma una reducción sustancial que solo conllevo la excarcelación de los encausados con menor pena. No seria hasta la muerte del dictador y el posterior indulto cuando los restantes encarcelados saldrían de la cárcel; pero ya convertidos en personajes públicos de reconocido prestigio como sindicalistas y luchadores por la libertad.


 
El Proceso 1001, en 'Documentos RNE'
RNE, 16 de febrero de 2013

El programa Documentos RNE recuerda el Proceso 1001, que en 1973 condenó a prisión a toda la dirección del sindicato Comisiones Obreras, entonces en la clandestinidad.

El arranque del juicio coincidió con el asesinato del presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, y la sentencia provocó tal revuelo internacional que fue revisada un año después, con una considerable reducción de penas.

Sin embargo, aquellos sindicalistas se convirtieron en uno de los iconos de la lucha contra la dictadura de Franco, que ya daba sus coletazos.

En el documental de Mamen del Cerro "El proceso 1001, los diez de Carabanchel", algunos de sus protagonistas cuentan, paso a paso, cómo vivieron aquel momento.

Se pude escuchar, entre los procesados, a Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Eduardo Saborido, Francisco Acosta y Francisco García Salve, conocido como El cura Paco.

Por parte del grupo de abogados que los defendieron intervienen Francisca Sauquillo, Cristina Almeida y Jaime Sartorius.

Miembros de la dirección de CC.OO. detenidos en 1973

 
José Manuel López López, abogado antifranquista (1930-2008)
La Nueva España, 16 de septiembre de 2008

CARLOS A. GORDON

Hoy, cuando el compromiso político o social se reduce prácticamente al ritual mediático de figuras pÚblicas firmando manifiestos favorables al candidato de turno, o a asistir a macroconciertos en defensa de causas que manchan poco, recordar a Manolo L&oAcute;pez significa volver la vista a un tiempo donde tomar partido y tener opinión suponía un riesgo.

Nacido en Madrid casi al mismo tiempo que la convulsa década de los treinta, hace algo más de un año tuve el placer de poder escuchar de sus labios una viva y atenta reconstrucción de ese Madrid de posguerra, con jornadas laborales interminables y barrios marcados todavía por un aplastante aire de derrota donde los vencidos se buscaban la vida como podían sin abdicar de su dignidad. Un fresco popular de la capital digno de su admirado Galdós, salpicado de humor y telegráfico a la hora de narrar el sufrimiento de las vidas que se agitaban a su alrededor. Unas experiencias que marcaron su vida y su carácter dedicados a la defensa de los trabajadores y de gentes como aquellas. Un compromiso que prolongará hasta el último momento, desde su despacho en la calle Bocángel, cerca de la plaza de Toros de Ventas, literalmente rodeado de libros de derecho, de historia y literatura que dan testimonio de esa curiosidad intelectual e interés por la formación propia y ajena que es la mejor herencia que nos ha legado el movimiento obrero.

Compaginando el trabajo, en panaderías o en el Fondo de Cultura Económica, con los estudios de derecho, conocerá los incipientes núcleos de resistencia estudiantil en los primeros cincuenta, siendo testigo de las tempranas escaramuzas contra el Sindicato de Estudiantes Universitarios franquista en actos como el homenaje a Ortega o la organización del Congreso de Escritores Jóvenes en el curso 1954-1955. Un año después, en 1956, el antifranquismo universitario se enfrentará directamente con el régimen y el PCE formulará su política de «Reconciliación Nacional». Mientras tanto, Manolo López ha entablado relación con figuras como Federico Sánchez (Jorge Semprún), que orienta el trabajo político de los militantes comunistas en los sectores intelectuales y profesiones liberales. Estos contactos y su propia reflexión le llevan a formalizar su ingreso en el PCE durante un viaje a París. La presencia comunista alcanza a instituciones como el Colegio de Abogados de Madrid, donde brillaba con luz propia María Luisa Suárez, otro de esos nombres indispensables en la historia que estamos contando. Como otros militantes, Manolo López tendrá que organizar su vida de acuerdo a los peculiares ritmos de la clandestinidad y su ritual de citas concertadas y canceladas o las escrupulosas medidas de seguridad en las entrevistas con clandestinos del PCE como su amigo, el responsable del Comité Provincial madrileño, Francisco Romero Marín. Una doble vida con profundas implicaciones personales que Manolo López, una vez más, relataba restándole dramatismo y buscando la anécdota justa que subrayaba la humanidad de los personajes por encima de la épica política.

El año que le marcó

1959 fue un año que marcó de forma definitiva su trayectoria vital y política. Para esa primavera, la dirección del PCE había insistido en hacer una demostración pública de oposición a la dictadura mediante la llamada huelga nacional pacífica (HNP). Como sabemos, la HNP fracasará y se saldará con una cadena de detenciones que alcanzará al propio Manolo López. Así, conocerá de primera mano los «hábiles interrogatorios» del comisario Yagüe, de la Brigada Político Social. Juzgado en consejo de guerra, cumplirá prisión en Carabanchel y otros centros, con escasa letra impresa a su disposición, a no ser, como a él le gustaba recordar, «Redención», el periódico obligatorio para los presos y sus familias y, como mucho, algún que otro ejemplar del «Marca».

A su salida de prisión, se incorporará al movimiento de abogados laboralistas que impulsa el PCE a partir de su célula en el Colegio de Abogados aprovechando la recién estrenada posibilidad de que abogados no pertenecientes al sindicato único (y obligatorio) franquista pudieran representar a los obreros en Magistratura de Trabajo. íntimamente ligado a las Comisiones Obreras, en 1965 se abre un primer despacho colectivo, en la calle Cruz 16, por iniciativa de abogados como María Luisa Suárez, Antonio Montesinos, José Jiménez de Parga o José Esteban. Será el primero de una extensa red en la que participarán un buen número de otros letrados comunistas, como Jaime Sartorius, José Luis Núñez, Manuela Carmena, Cristina Almeida, Juan José del águila y un largo etcétera. Algunos de ellos pagarán con la vida el compromiso que asumieron, como demostró dramáticamente el atentando en el despacho de Atocha 55 el 24 de enero de 1977. El movimiento de los abogados laboralistas no se limitó en absoluto a Madrid. En Barcelona funcionaron despachos como los dirigidos por Albert Fina y Montserrat Avilés o por Josep Solé Barberá. En El Ferrol estaba el mantenido por otro defendido de Manolo López, el también abogado comunista Rafael Bárez. En Valencia, el de Alberto García Esteve, entre otros que salpicaban la geografía peninsular de pequeños islotes donde se usaba el Derecho para defender la causa de los débiles, de los obreros y los militantes antifranquistas. Lejos de dedicarse exclusivamente al asesoramiento legal, los despachos sustituían a la infraestructura sindical mínima que las Comisiones Obreras no tenían a su disposición, siendo escenario de reuniones -incluso de asambleas-, elaboración de plataformas reivindicativas, centros de impresión de boletines y hojas informativas, refugio para los sindicalistas acosados, etc. Desde su propio despacho en la calle Hermosilla, Manolo López, desempeñará una labor semejante en la organización de los metalúrgicos madrileños.

Después de salir de prisión trabajará estrechamente con otro de sus amigos, el también abogado comunista Antonio Rato. Además de la actuación en Magistratura de Trabajo, Manolo López se hará cargo de la defensa de muchos cuadros políticos y sindicales del PCE y las futuras CC OO. Esta combinación de laboralismo y participación en procesos políticos ante el Tribunal de Orden Público era uno de los rasgos más acusados del movimiento. Hay que subrayar que estas actuaciones delante del Tribunal de Orden Público (TOP) se realizaban gratuitamente, como un servicio militante, y que implicaba tareas relacionadas con la organización de la solidaridad con los detenidos, atención a las situaciones familiares y un compromiso que iba mucho más allá de lo estrictamente profesional. La nómina de sus defendidos en este ámbito es -una vez más- extensa, desde Santiago Carrillo al actual presidente del Principado de Asturias, Vicente álvarez Areces, con quien mantuvo una estrecha amistad.

En nuestras conversaciones Asturias era un tema recurrente. No en vano él y Antonio Rato han sido dos de los más asiduos defensores de militantes y trabajadores asturianos ante el TOP. Recordaba con cariño su relación con dos grandes figuras del comunismo y el sindicalismo asturianos: Horacio Fernández Inguanzo (miembro del Comité Central del PCE) y Juan Muñiz Zapico, «Juanín». Defendiendo al clandestino Inguanzo sufrió una breve pena de cárcel en 1970. Como reacción ante ella se produjo una huelga solidaria de abogados que se niegan a acudir al TOP. A Juan Muñiz Zapico lo defendió en dos ocasiones, una en 1967 y otra con ocasión del famoso proceso 1001. La figura de Juanín fue el motivo de una de sus últimas visitas a Asturias, con ocasión del merecido homenaje que la Fundación Juan Muñiz Zapico tributó a los acusados y abogados de los procesados en junio de 2007. Aunque entre todos conseguimos agotarlo un poco a base de encuentros, reencuentros, actos y presentaciones, los que tuvimos el placer de asistir a aquel homenaje disfrutamos enormemente de su compañía y me consta que para él fueron momentos emocionantes y felices. A mí me gusta recordarle así. Un abrazo, Manolo, gracias por todo.

Carlos Gordon es historiador y forma parte de un equipo de investigación que se ocupa del estudio de los abogados laboralistas y la lucha por una Justicia democrática en el período franquista.