CARLOS A. GORDON

Hoy, cuando el compromiso político o social se reduce prácticamente al ritual mediático de figuras pÚblicas firmando manifiestos favorables al candidato de turno, o a asistir a macroconciertos en defensa de causas que manchan poco, recordar a Manolo L&oAcute;pez significa volver la vista a un tiempo donde tomar partido y tener opinión suponía un riesgo.

Nacido en Madrid casi al mismo tiempo que la convulsa década de los treinta, hace algo más de un año tuve el placer de poder escuchar de sus labios una viva y atenta reconstrucción de ese Madrid de posguerra, con jornadas laborales interminables y barrios marcados todavía por un aplastante aire de derrota donde los vencidos se buscaban la vida como podían sin abdicar de su dignidad. Un fresco popular de la capital digno de su admirado Galdós, salpicado de humor y telegráfico a la hora de narrar el sufrimiento de las vidas que se agitaban a su alrededor. Unas experiencias que marcaron su vida y su carácter dedicados a la defensa de los trabajadores y de gentes como aquellas. Un compromiso que prolongará hasta el último momento, desde su despacho en la calle Bocángel, cerca de la plaza de Toros de Ventas, literalmente rodeado de libros de derecho, de historia y literatura que dan testimonio de esa curiosidad intelectual e interés por la formación propia y ajena que es la mejor herencia que nos ha legado el movimiento obrero.

Compaginando el trabajo, en panaderías o en el Fondo de Cultura Económica, con los estudios de derecho, conocerá los incipientes núcleos de resistencia estudiantil en los primeros cincuenta, siendo testigo de las tempranas escaramuzas contra el Sindicato de Estudiantes Universitarios franquista en actos como el homenaje a Ortega o la organización del Congreso de Escritores Jóvenes en el curso 1954-1955. Un año después, en 1956, el antifranquismo universitario se enfrentará directamente con el régimen y el PCE formulará su política de «Reconciliación Nacional». Mientras tanto, Manolo López ha entablado relación con figuras como Federico Sánchez (Jorge Semprún), que orienta el trabajo político de los militantes comunistas en los sectores intelectuales y profesiones liberales. Estos contactos y su propia reflexión le llevan a formalizar su ingreso en el PCE durante un viaje a París. La presencia comunista alcanza a instituciones como el Colegio de Abogados de Madrid, donde brillaba con luz propia María Luisa Suárez, otro de esos nombres indispensables en la historia que estamos contando. Como otros militantes, Manolo López tendrá que organizar su vida de acuerdo a los peculiares ritmos de la clandestinidad y su ritual de citas concertadas y canceladas o las escrupulosas medidas de seguridad en las entrevistas con clandestinos del PCE como su amigo, el responsable del Comité Provincial madrileño, Francisco Romero Marín. Una doble vida con profundas implicaciones personales que Manolo López, una vez más, relataba restándole dramatismo y buscando la anécdota justa que subrayaba la humanidad de los personajes por encima de la épica política.

El año que le marcó

1959 fue un año que marcó de forma definitiva su trayectoria vital y política. Para esa primavera, la dirección del PCE había insistido en hacer una demostración pública de oposición a la dictadura mediante la llamada huelga nacional pacífica (HNP). Como sabemos, la HNP fracasará y se saldará con una cadena de detenciones que alcanzará al propio Manolo López. Así, conocerá de primera mano los «hábiles interrogatorios» del comisario Yagüe, de la Brigada Político Social. Juzgado en consejo de guerra, cumplirá prisión en Carabanchel y otros centros, con escasa letra impresa a su disposición, a no ser, como a él le gustaba recordar, «Redención», el periódico obligatorio para los presos y sus familias y, como mucho, algún que otro ejemplar del «Marca».

A su salida de prisión, se incorporará al movimiento de abogados laboralistas que impulsa el PCE a partir de su célula en el Colegio de Abogados aprovechando la recién estrenada posibilidad de que abogados no pertenecientes al sindicato único (y obligatorio) franquista pudieran representar a los obreros en Magistratura de Trabajo. íntimamente ligado a las Comisiones Obreras, en 1965 se abre un primer despacho colectivo, en la calle Cruz 16, por iniciativa de abogados como María Luisa Suárez, Antonio Montesinos, José Jiménez de Parga o José Esteban. Será el primero de una extensa red en la que participarán un buen número de otros letrados comunistas, como Jaime Sartorius, José Luis Núñez, Manuela Carmena, Cristina Almeida, Juan José del águila y un largo etcétera. Algunos de ellos pagarán con la vida el compromiso que asumieron, como demostró dramáticamente el atentando en el despacho de Atocha 55 el 24 de enero de 1977. El movimiento de los abogados laboralistas no se limitó en absoluto a Madrid. En Barcelona funcionaron despachos como los dirigidos por Albert Fina y Montserrat Avilés o por Josep Solé Barberá. En El Ferrol estaba el mantenido por otro defendido de Manolo López, el también abogado comunista Rafael Bárez. En Valencia, el de Alberto García Esteve, entre otros que salpicaban la geografía peninsular de pequeños islotes donde se usaba el Derecho para defender la causa de los débiles, de los obreros y los militantes antifranquistas. Lejos de dedicarse exclusivamente al asesoramiento legal, los despachos sustituían a la infraestructura sindical mínima que las Comisiones Obreras no tenían a su disposición, siendo escenario de reuniones -incluso de asambleas-, elaboración de plataformas reivindicativas, centros de impresión de boletines y hojas informativas, refugio para los sindicalistas acosados, etc. Desde su propio despacho en la calle Hermosilla, Manolo López, desempeñará una labor semejante en la organización de los metalúrgicos madrileños.

Después de salir de prisión trabajará estrechamente con otro de sus amigos, el también abogado comunista Antonio Rato. Además de la actuación en Magistratura de Trabajo, Manolo López se hará cargo de la defensa de muchos cuadros políticos y sindicales del PCE y las futuras CC OO. Esta combinación de laboralismo y participación en procesos políticos ante el Tribunal de Orden Público era uno de los rasgos más acusados del movimiento. Hay que subrayar que estas actuaciones delante del Tribunal de Orden Público (TOP) se realizaban gratuitamente, como un servicio militante, y que implicaba tareas relacionadas con la organización de la solidaridad con los detenidos, atención a las situaciones familiares y un compromiso que iba mucho más allá de lo estrictamente profesional. La nómina de sus defendidos en este ámbito es -una vez más- extensa, desde Santiago Carrillo al actual presidente del Principado de Asturias, Vicente álvarez Areces, con quien mantuvo una estrecha amistad.

En nuestras conversaciones Asturias era un tema recurrente. No en vano él y Antonio Rato han sido dos de los más asiduos defensores de militantes y trabajadores asturianos ante el TOP. Recordaba con cariño su relación con dos grandes figuras del comunismo y el sindicalismo asturianos: Horacio Fernández Inguanzo (miembro del Comité Central del PCE) y Juan Muñiz Zapico, «Juanín». Defendiendo al clandestino Inguanzo sufrió una breve pena de cárcel en 1970. Como reacción ante ella se produjo una huelga solidaria de abogados que se niegan a acudir al TOP. A Juan Muñiz Zapico lo defendió en dos ocasiones, una en 1967 y otra con ocasión del famoso proceso 1001. La figura de Juanín fue el motivo de una de sus últimas visitas a Asturias, con ocasión del merecido homenaje que la Fundación Juan Muñiz Zapico tributó a los acusados y abogados de los procesados en junio de 2007. Aunque entre todos conseguimos agotarlo un poco a base de encuentros, reencuentros, actos y presentaciones, los que tuvimos el placer de asistir a aquel homenaje disfrutamos enormemente de su compañía y me consta que para él fueron momentos emocionantes y felices. A mí me gusta recordarle así. Un abrazo, Manolo, gracias por todo.

Carlos Gordon es historiador y forma parte de un equipo de investigación que se ocupa del estudio de los abogados laboralistas y la lucha por una Justicia democrática en el período franquista.